El sector pesquero ecuatoriano se encuentra a la espera de que la Unión Europea levante la sanción de la tarjeta amarilla, impuesta en 2019 debido a deficiencias en el control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Esta sanción había sido emitida tras considerar a Ecuador como un país no cooperante en el combate contra prácticas pesqueras indebidas. Según datos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Ecuador exporta productos pesqueros por un valor de $1,200 millones a la UE.
Desde la imposición de la sanción, Ecuador ha trabajado para cumplir con las exigencias establecidas por la Convención General del Mar de la UE (DG Mare). Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), ha afirmado que el país ha implementado todos los requisitos necesarios y está esperando que en septiembre se levante la sanción. Esto se confirmará cuando Ecuador envíe un informe de progreso a las autoridades europeas.
“En septiembre se enviará el progress report que detalla las acciones tomadas en respuesta a las observaciones de las visitas presenciales y virtuales de febrero. Todo se ha cumplido, y tuvimos un Comité de Crisis recientemente en el que se presentó lo hecho en función de los comentarios de la DG Mare”, explicó Leone. Entre las medidas adoptadas están el arqueo de barcos y la implementación de leyes más estrictas en cuanto a sanciones por infracciones pesqueras.
La ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, afirmó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que las sanciones y la resolución de expedientes se han convertido en una prioridad. Se ha desarrollado una metodología para aplicar criterios de proporcionalidad en la imposición de sanciones, además de resolver expedientes iniciados en 2023.
Leone comentó que, a pesar de que la tarjeta amarilla no ha impedido la exportación, algunos compradores prefieren evitar negocios con países bajo sanción. “Resolver este problema abrirá la puerta a más y mejores compradores”, dijo. Además, el levantamiento de la sanción podría facilitar la obtención de financiamiento internacional para la modernización de la flota pesquera.
A pesar de los avances, Leone aclaró que la sanción de 2019 no fue culpa del sector privado sino del Estado, que no había cumplido adecuadamente con las normativas de trazabilidad y control de pesca ilegal en ese momento. “No fue por problemas del sector privado; el Estado no cumplió con la normativa requerida”, afirmó Leone. Desde entonces, se ha creado un Comité de Crisis y se han implementado nuevas leyes, reglamentos y una plataforma electrónica que controla alrededor de 126 procesos relacionados con la pesca.
La ministra García también informó que el 1 de septiembre Ecuador enviará un nuevo informe que abordará las observaciones de la UE. En marzo de 2024, se redujeron las observaciones de 56 a 14, y las actividades relacionadas de 60 a 12. Entre los avances destacan el control de bodegas de la flota atunera y la supervisión reforzada de desembarques.
García destacó que su gestión se centra en la aplicación técnica de la ley, la gestión eficiente de la flota y el fortalecimiento del control de desembarques para mantener un sector productivo que aporte divisas y empleo al país. “Nuestra gestión es técnica y busca una aplicación adecuada de la ley para sostener un sector pesquero productivo”, concluyó.
Leone expresó su esperanza de que el progress report de septiembre confirme que Ecuador ha cumplido con los requisitos, permitiendo el levantamiento de la sanción y mejorando las perspectivas para el sector pesquero
