El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió un veto total a la Ley reformatoria del Registro, que buscaba incluir las resoluciones de la jurisdicción indígena en relación con conflictos internos de tierras en los registros públicos. Este veto se conoció el 24 de octubre de 2024 y marca el segundo rechazo total que Noboa realiza en menos de una semana, ya que el 22 de octubre había objetado igualmente el proyecto de reformas al Código de Ambiente.
La decisión de Noboa de vetar esta normativa se basa en la inclusión de un artículo que permitía que las resoluciones de la jurisdicción indígena sobre conflictos de tierras internas fueran registradas oficialmente. Entre las objeciones del presidente, destaca la creación de un libro específico para inscribir estas resoluciones, así como la facultad otorgada a los gobiernos autónomos descentralizados municipales para desarrollar ordenanzas que faciliten dicho registro.
“Este proyecto se opone a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,” afirmó Noboa. Según este documento internacional, los pueblos indígenas tienen el derecho de conservar y fortalecer sus propias instituciones en diversos ámbitos, incluida la justicia. En su veto, el presidente también cita el artículo 171 de la Constitución ecuatoriana, que establece que las comunidades indígenas ejercen funciones jurisdiccionales basadas en sus tradiciones ancestrales y derecho propio, garantizando la participación de las mujeres en sus decisiones.
Además, el veto también critica las disposiciones transitorias del proyecto de ley, argumentando que son confusas en cuanto a los ámbitos y competencias de la justicia indígena. Noboa advirtió que aprobar la ley podría incurrir en un error al basarse en sentencias que no tienen relación directa con los casos que se pretenden resolver, lo que podría poner en riesgo los principios constitucionales de igualdad y debido proceso.
La postura del presidente genera un amplio debate sobre los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador y la manera en que se gestionan sus conflictos internos. Con la cercanía de elecciones y un panorama político en constante cambio, este veto podría tener repercusiones significativas para la relación entre el Estado ecuatoriano y las comunidades indígenas.
