La asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Nataly Morillo, presentó formalmente su versión ante la Fiscalía General del Estado el 7 de abril de 2025, en relación con la denuncia que se ha interpuesto contra Paola Cabezas, legisladora de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Esta acusación señala a Cabezas por presunto «delito de pánico económico», un tipo penal que se refiere a declaraciones que puedan generar alarma en la población, afectando la estabilidad económica.
Morillo acudió a la Fiscalía acompañada del abogado y asambleísta alterno, Luigui García, para reconocer su firma en el documento y rendir su versión sobre los hechos. Según García, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 307, establece que el pánico económico es un delito que ocurre cuando las acciones o palabras de una persona alteran el comportamiento financiero de la sociedad, con el riesgo de provocar efectos devastadores como una corrida bancaria o una crisis de confianza en la economía.
La denuncia contra Cabezas se basa en recientes declaraciones realizadas por miembros del correísmo, las cuales, según ADN, podrían haber influido negativamente en la percepción de la estabilidad económica del país. Los líderes de la Revolución Ciudadana han sostenido puntos de vista sobre la dolarización en Ecuador que, según los acusadores, han causado un malestar generalizado y sembrado dudas sobre la solidez de la economía ecuatoriana.
Este caso ha sido el centro de atención en la política ecuatoriana en los últimos días, con diferentes sectores analizando el impacto de las declaraciones sobre la dolarización y cómo podrían afectar la confianza de los ciudadanos en el sistema financiero del país. La acusación pone en evidencia las tensiones existentes entre las bancadas del correísmo y de ADN, sobre todo en un contexto electoral crucial para el futuro económico de Ecuador.
La legisladora Paola Cabezas, por su parte, ha rechazado las acusaciones en su contra, defendiendo sus comentarios como parte del derecho a la libre expresión y el debate democrático sobre la situación económica del país. La Fiscalía General del Estado, tras recibir la versión de Morillo, sigue adelante con la investigación para determinar si existen elementos suficientes para proceder con cargos formales.
La denuncia ha añadido un nuevo capítulo a la creciente polarización política en Ecuador, donde la dolarización y sus efectos en la economía continúan siendo un tema candente en el debate público. En este contexto, la fiscalización de las declaraciones de los políticos es más relevante que nunca, dado que las palabras de los líderes pueden tener un impacto profundo en la estabilidad económica y financiera del país.
Mientras la Fiscalía evalúa el caso, la sociedad ecuatoriana sigue atenta a los desarrollos de esta investigación, que podría tener repercusiones no solo en el ámbito judicial, sino también en las dinámicas políticas que se juegan en los días previos a las elecciones presidenciales. El análisis del comportamiento económico y la protección de la estabilidad financiera son puntos clave en la agenda de muchos candidatos, especialmente aquellos que critican el manejo de la economía y el sistema financiero bajo el gobierno actual.
