La situación de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad Rojas, se encuentra en un punto crítico en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), donde se están acelerando las audiencias públicas relacionadas con denuncias de presuntas infracciones electorales. Este proceso ocurre en medio de la próxima campaña electoral, que comenzará en dos meses, de cara a las votaciones programadas para el 9 de febrero de 2025.
La audiencia está programada para el jueves 31 de octubre y se llevará a cabo para abordar las denuncias de violencia política que Abad ha interpuesto contra el presidente Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld y los candidatos a asambleístas Esteban Torres y Diana Jácome, quienes son exfuncionarios del Gobierno. Este contexto político tenso se agrava por las acusaciones de Abad que acusan a Noboa y otros de violencia política de género.
La audiencia del 24 de octubre, que se reinstaló para examinar las pruebas de cargo y descargo en relación a la vicepresidenta, duró más de cinco horas. Durante esta sesión, el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Guarderas, presentó pruebas en contra de Abad. Las evidencias consisten en videos de redes sociales de Abad, publicados durante su candidatura a la Alcaldía de Cuenca para las elecciones seccionales de febrero de 2023, las cuales se interpretan como actos de precampaña o campaña anticipada.
«Se argumenta que la vicepresidenta desbalanceó la cancha, creando desconfianza en el sistema democrático al no respetar las normas de campaña,» aseguró Guarderas. En respuesta, los abogados de Abad argumentaron que las pruebas presentadas carecen de efectividad probatoria, alegando que los contenidos en cuestión contradicen la Constitución y la ley, por lo que las consideraron irrelevantes.
La presidenta del TCE, la jueza Ivonne Coloma Peralta, preside esta investigación, que puede resultar en sanciones severas. Las infracciones tipificadas en el Código de la Democracia se consideran graves y pueden acarrear multas que oscilan entre 11 y 20 salarios, así como la destitución o la suspensión de derechos de participación por un período que varía de seis meses a dos años.
A medida que el Tribunal avanza en este proceso, la atención se centra en el papel de Abad como embajadora por la paz en Turquía, lo que ha añadido una capa de complejidad a su defensa. Sus abogados están trabajando para minimizar el impacto de las acusaciones mientras la vicepresidenta se encuentra en el extranjero debido a su función diplomática en medio del conflicto en el Medio Oriente.
Simultáneamente, la vicepresidenta Abad ha presentado denuncias adicionales de violencia política de género, las cuales se están acumulando en el TCE. Estas acciones se toman en respuesta a las acusaciones de Sommerfeld y Jácome. El juez sustanciador, Guillermo Ortega Caicedo, convocó una audiencia oral de prueba y alegatos para el 31 de octubre a las 09:30, en la que se abordarán ambos casos de violencia política.
Con el inicio oficial de la campaña electoral a la vista, las decisiones que se tomen en el TCE serán cruciales para la carrera de Abad y el panorama político de Ecuador.
