Las recientes cartas de Elio Ortega Icaza y Regina Zambrano Reina evidencian la profunda crisis del sistema de salud ecuatoriano: falta de medicamentos, corrupción, deficiencias logísticas y burocracia que dificultan la atención. Desde la práctica clínica y la gestión del talento humano, la realidad es aún más compleja y requiere una intervención integral.
Durante más de cuatro décadas, los problemas estructurales del sistema se han intentado parchear mediante reportes administrativos y cumplimiento de metas estadísticas, sin reformas que corrijan la falta de personal o aseguren eficiencia operativa. La saturación hospitalaria y la escasez de insumos no son solo fallas logísticas: reflejan un modelo que destina plazas asistenciales a funciones administrativas, dejando vacantes que no se traducen en atención directa.
El aumento constante de la demanda no ha sido acompañado por un incremento proporcional del personal sanitario. Muchas plazas operativas se destinan a jerarquías, auditorías o dirección, sin separación formal de funciones, lo que genera saturación en consulta, derivaciones innecesarias a emergencias y uso ineficiente de recursos, afectando tanto a trabajadores como a pacientes.
El desgaste progresivo del personal médico aumenta la fatiga, el riesgo de error clínico y el impacto psicosocial, demostrando que no se puede “agilizar” la atención recortando tiempos clínicos ni parametrizando agendas, como se ha intentado con módulos de 10 minutos por paciente.
La externalización de servicios y la adquisición de medicamentos a través de intermediarios incrementan costos y retrasos. El Estado podría mejorar eficiencia contratando personal directamente y adquiriendo insumos de manera centralizada, apoyándose en gestión profesional y sistemas tecnológicos que aseguren transparencia y disponibilidad.
Mientras no se cumpla estrictamente la carrera sanitaria, no se separen formalmente funciones asistenciales y administrativas, y no se convoquen concursos transparentes para cargos jerárquicos y de auditoría, los indicadores seguirán mostrando cifras que no reflejan atención real. La precarización prolongada del personal no es un fenómeno aislado, sino resultado de decisiones estructurales históricas.
Sin reformas profundas, cualquier intento de mejora será un parche sobre un problema estructural, comprometiendo la seguridad de los pacientes y el bienestar del personal sanitario. La eficiencia del sistema requiere decisiones valientes que prioricen la atención directa y sostenible por encima de métricas administrativas.
