La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) determinó la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la violación de los derechos judiciales, de protección judicial y laborales de Félix Humberto Peralta Armijos, exfuncionario del Instituto Nacional de Pesca (INP).
Según la sentencia del caso Peralta Armijos vs. Ecuador, el Estado incumplió un fallo judicial de 2003, que favorecía al demandante en su disputa por un ascenso dentro del INP. La resolución del tribunal internacional señala que la negativa de las autoridades ecuatorianas a acatar dicho fallo vulneró principios esenciales del debido proceso y acceso a la justicia.
Violaciones laborales y judiciales en el caso Peralta Armijos
La CorteIDH también estableció que el Estado actuó de manera arbitraria al no ordenar el pago de las remuneraciones que Peralta Armijos dejó de percibir tras su destitución. En su momento, el exfuncionario promovió una acción judicial para impugnar su separación del cargo, pero las instancias internas desestimaron su reclamo, incumpliendo normas de protección laboral y judicial.
El fallo internacional recalca que la actuación del Estado ecuatoriano en este caso constituye una vulneración a los principios establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, especialmente en lo relacionado con garantías judiciales y estabilidad laboral.
Reparación y medidas dictadas por la CorteIDH
Como parte de la sentencia, la Corte Interamericana dispuso que el Estado ecuatoriano deberá realizar una compensación económica a Peralta Armijos como medida de reparación integral. Además, instó a Ecuador a garantizar el cumplimiento de fallos judiciales internos en situaciones similares, evitando nuevas violaciones a los derechos de los trabajadores del sector público.
Esta decisión representa un nuevo llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de justicia laboral y administrativa en el país, asegurando que las decisiones judiciales sean respetadas y ejecutadas en tiempo y forma.
El Estado ecuatoriano ahora deberá implementar las disposiciones dictadas por la CorteIDH, lo que podría sentar un precedente en la protección de los derechos de los funcionarios públicos en el país.
