La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió su fallo en el caso Aguas Acosta y otros vs. Ecuador, determinando la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la tortura que sufrió Aníbal Alonso Aguas Acosta mientras estaba bajo custodia policial, lo que derivó en su muerte. Asimismo, la sentencia estableció que se vulneraron varios derechos fundamentales de sus familiares.
Los hechos ocurrieron el 1 de marzo de 1997, cuando Aguas Acosta fue detenido tras un altercado en un establecimiento comercial. Al oponerse al arresto, varios agentes lo redujeron por la fuerza. Posteriormente, al llegar a la comisaría, el detenido presentaba signos evidentes de violencia, se encontraba inconsciente y sangraba. Poco después, fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.
El informe forense reveló que la causa de muerte fue una hemorragia cerebral y una luxación en la articulación occipitoatloidea, lesiones provocadas por fuertes impactos que incluso ocasionaron la separación parcial de la cabeza del cuerpo.
Inicialmente, el caso fue investigado por la justicia penal ordinaria, pero posteriormente fue trasladado a la jurisdicción policial. Aunque dos agentes fueron sentenciados a ocho años de prisión por haber causado la muerte mediante tormentos corporales, nunca cumplieron la condena.
La Corte IDH no solo responsabilizó al Estado ecuatoriano por estos hechos, sino que también ordenó medidas de reparación a los familiares de la víctima, incluyendo compensaciones económicas y la implementación de garantías para evitar que hechos similares se repitan.
