El 29 de agosto de 2024, la Corte Constitucional de Ecuador desestimó la acción extraordinaria de protección presentada por los abogados de Julian Assange, con la que buscaban invalidar las sentencias que habían anulado su naturalización como ciudadano ecuatoriano. Con esta decisión, la Corte confirmó la legalidad de los fallos previos que habían revocado la ciudadanía otorgada al periodista australiano.
La defensa de Assange había argumentado que las sentencias que invalidaron su naturalización violaban derechos fundamentales, como el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica. De acuerdo con los abogados de Assange, los fallos que anularon su ciudadanía no solo eran injustos, sino que también ponían en riesgo su derecho a un juicio justo, lo que justificaba la presentación del recurso ante la Corte Constitucional.
En su resolución, la Corte Constitucional determinó que no procedía la acción de protección, lo que reafirma la validez de las decisiones judiciales anteriores. Entre las sentencias impugnadas se encuentra la emitida el 23 de julio de 2021 por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, que había anulado la naturalización de Assange. La segunda sentencia que fue objeto de apelación corresponde a la del 18 de julio de 2024, dictada por la Corte Nacional de Justicia, que rechazó el recurso de casación presentado por Assange, dejando firme la nulidad de su ciudadanía ecuatoriana.
El caso de Julian Assange ha sido uno de los más discutidos en Ecuador, dado su perfil internacional como fundador de WikiLeaks y sus problemas legales relacionados con filtraciones de información confidencial. La anulación de su ciudadanía ecuatoriana se produjo después de que se le otorgara la naturalización en 2017, durante el gobierno de Rafael Correa, lo que generó un debate sobre su estatus legal en el país sudamericano.
Este último fallo judicial cierra la posibilidad de que Assange recupere la ciudadanía ecuatoriana, al menos por medio de la acción de protección, dejando abierta la posibilidad de otras vías legales o internacionales para su defensa.
