El proyecto de enmienda constitucional propuesto por la legisladora Sofía Sánchez, que modifica los requisitos para ser asambleísta, está actualmente sin avance en la Asamblea Nacional, debido a la disolución de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales. Esta comisión, que existió hasta diciembre de 2024, se encargaba de tramitar los proyectos relacionados con reformas constitucionales. Su disolución dejó en suspenso el tratamiento de varios proyectos, incluido el de Sánchez. Ahora, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) debe decidir si crea una nueva comisión ocasional o si envía el proyecto a una de las comisiones existentes.
La situación del proyecto
El proyecto de enmienda propuesto por Sánchez busca modificar los requisitos para ser asambleísta, incluyendo la necesidad de acreditar “probidad notoria” y experiencia, capacitación o formación justificada. Esta enmienda, que pasó el primer debate en junio de 2024, tiene como objetivo garantizar que los legisladores cuenten con la formación adecuada y la reputación necesaria para desempeñar sus funciones. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proceso de aprobación de una enmienda constitucional debe pasar por dos debates, siendo el segundo realizado dentro de un año tras el primero, y requiere el voto favorable de la mayoría calificada, es decir, al menos 92 votos.
Sin embargo, debido a la extinción de la Comisión Ocasional de Enmiendas, el proyecto quedó estancado. El expediente del proyecto fue trasladado a la Secretaría de la Asamblea Nacional, pero ahora depende del CAL decidir cómo proceder. El CAL puede optar por crear una nueva comisión ocasional para continuar el trámite, lo cual requeriría una mayoría absoluta de 70 votos, o bien enviarlo a una de las comisiones ya existentes que actualmente tramitan otros proyectos de reforma constitucional, como los relacionados con la instalación de bases militares extranjeras y la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos.
Comisiones y procesos en curso
Actualmente, existen varias comisiones encargadas de procesar reformas constitucionales. Una de ellas, presidida por la legisladora Gissela Garzón, está trabajando en la reforma que permitiría la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador. Otra, presidida por Lucía Posso de Avanza-SUMA, está enfocada en una reforma para eliminar la obligación del Estado de financiar a los partidos y movimientos políticos.
Por su parte, Sofía Sánchez, quien también integra la comisión encargada de las bases militares, destacó que las comisiones ocasionales tienen un plazo de seis meses para tramitar los proyectos, con posibilidad de una prórroga por otros seis meses. Sin embargo, recordó que las comisiones existentes están orientadas a reformas constitucionales, no a enmiendas, que siguen un proceso diferente. Mientras que las reformas pueden requerir un referéndum, las enmiendas son aprobadas directamente por la Asamblea Nacional en dos debates.
Controversias en torno a la enmienda
Durante el primer debate del proyecto de Sánchez, algunos legisladores manifestaron preocupaciones sobre uno de los requisitos, específicamente la “probidad notoria”, al considerar que este podría ser un criterio demasiado subjetivo. Sánchez respondió que este requisito ya está establecido en otros marcos normativos, como los reglamentos para concursos de autoridades de control, lo que justificaría su inclusión en la enmienda.
La legisladora indicó que, una vez creada la comisión que asuma el trámite del proyecto, se realizarán más consultas y ajustes para incorporar observaciones y asegurar que la enmienda cumpla con los estándares de justicia y objetividad necesarios. El siguiente paso será la elaboración del informe para el segundo debate, que tomará en cuenta estas observaciones.
