A pocos días del inicio de la campaña oficial por el referéndum y la consulta popular del próximo 16 de noviembre, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) anunció una nueva ofensiva política contra el Gobierno. En el centro de las críticas se encuentra el ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, quien habría gestionado una donación de 200 lámparas con la figura de Pikachu, presuntamente con irregularidades en el proceso.
El asambleísta Luis Molina, representante del correísmo, informó que este caso será analizado por la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, ante la sospecha de que los bienes donados no siguieron los procedimientos administrativos correspondientes.
“Tenemos que saber dónde están las lámparas de Pikachu, qué hace el ministro con bienes que no pertenecen a su cartera y dónde están las actas de entrega-recepción”, enfatizó Molina durante una rueda de prensa en la Asamblea Nacional.
Cinco casos bajo la lupa
El bloque de la RC, que mantiene mayoría en varias comisiones legislativas, anunció cinco procesos de fiscalización simultáneos que se activarán durante el periodo de campaña, previsto del 1 al 13 de noviembre. El objetivo, según fuentes del movimiento, es “ejercer control político” mientras una parte de sus legisladores se sumará a la campaña por el voto negativo en la consulta popular.
Los casos que la bancada correísta llevará a investigación son los siguientes:
- Donaciones y adquisiciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) al Servicio Nacional de Aduanas (Senae), que incluyen relojes, gafas, zapatos y las polémicas lámparas de Pikachu.
- La reducción de una deuda de 98 millones de dólares de la Exportadora Bananera Noboa con el Servicio de Rentas Internas (SRI).
- La explosión registrada en Guayaquil, en la intersección de las calles Eloy Alfaro y Ayacucho, el pasado 4 de junio.
- La muerte de doce neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil.
- El paro provincial en Imbabura.
El caso de las lámparas bajo investigación
Según Molina, la entrega de las lámparas forma parte de un patrón detectado por la Contraloría General del Estado. La entidad habría identificado 23 “matutes” —contenedores de mercancía decomisada o de origen irregular— que fueron transferidos desde el Senae al MIES en periodos cercanos a las elecciones presidenciales de 2025.
“El ministro Burbano solicitó directamente las donaciones al Senae, lo que resulta sospechoso, pues inicialmente dijo que provenían de empresas privadas y luego aseguró que eran decomisos, lo cual fue desmentido por los documentos oficiales”, declaró el legislador.
Molina reveló que el 5 de enero de 2025, Burbano pidió al Senae la entrega de ropa y zapatos, y que cuatro días después, los bienes fueron distribuidos en Imbabura. Sin embargo, no existirían informes técnicos, actas de entrega o seguimientos que justifiquen las entregas ni demuestren su impacto social.
Por esta razón, el bloque correísta remitirá el caso a la Contraloría para que realice exámenes especiales y al Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que, si las donaciones ocurrieron durante el proceso electoral, debieron contar con autorización formal. De no ser así, podrían configurarse violaciones al Código de la Democracia, que prohíbe el uso de recursos públicos en campaña.
Fiscalización en tiempos de campaña
El asambleísta Franklin Samaniego, también de la RC, informó que el Frente Parlamentario por los Derechos Humanos continuará activo durante el periodo electoral y remitirá información adicional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre casos de presuntas violaciones de derechos humanos.
“Los procesos de fiscalización no se detendrán por la campaña. Seguiremos revisando temas de salud y derechos humanos”, aseguró Samaniego.
Con estos cinco frentes abiertos, el correísmo busca mantener presencia política en el Legislativo y reforzar su estrategia de oposición frente al Gobierno, mientras el país se prepara para definir su voto en el referéndum y la consulta popular.
