El caso Magnicidio FV vuelve a generar polémica tras la reciente decisión del Tribunal de Apelación de la Corte de Pichincha de inhibirse de conocer la apelación planteada por la Fiscalía contra las medidas de presentación periódica de José Serrano y Xavier Jordán. La decisión, tomada el 17 de octubre, fue comunicada oficialmente en el expediente y derivó en que el conocimiento del caso pasara a la Unidad Anticorrupción, lo que ha generado preocupación en las hijas de Fernando Villavicencio y rechazo en el organismo fiscal.
La audiencia de apelación estaba programada para el 21 de octubre, tras la decisión inicial de los jueces José Miguel Jiménez, Patlova Guerra y Wilson Lema de conocer el recurso presentado por Ana Hidalgo, fiscal de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos. Sin embargo, la inhibición del Tribunal ha generado dudas sobre la transparencia del proceso.
Desde el 3 de septiembre de 2023, la Fiscalía abrió investigación fiscal para procesar como autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio a José Serrano, exministro durante la administración de Rafael Correa; a Xavier Jordán, vinculado al caso Metástasis; al exasambleísta Ronny Aleaga; y a Daniel Salcedo, condenado por corrupción en el sistema judicial y de salud.
El Tribunal justificó su inhibición argumentando que “el conocimiento de la presente causa corresponde a un Tribunal Especializado para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, conforme el principio de especialidad y conexidad, según el artículo 406 del COIP”. Según los jueces, los delitos de asesinato y delincuencia organizada guardan estrecha relación, y su competencia sería más adecuada en el marco de delitos conexos.
Tras la notificación de la inhibición, el caso fue sorteado a la Unidad Anticorrupción, quedando a cargo de los jueces Wiler Fabricio Choez (ponente), Silvana Velásco y Byron Uzcátegui. Ante esta situación, las hijas de Villavicencio solicitaron que se declare la incompetencia material de esta sala, argumentando que el asesinato no figura dentro del catálogo de delitos anticorrupción y solicitando que el expediente sea remitido a la Sala Penal ordinaria de la Corte Provincial de Pichincha.
La Fiscalía, siguiendo la línea de las víctimas, presentó un escrito rechazando la inhibición y solicitando que el expediente sea remitido a la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la misma Corte Provincial, que previamente había avocó conocimiento del caso.
Amanda Villavicencio, hija mayor del periodista asesinado el 9 de agosto de 2023, manifestó su indignación frente a estos movimientos. “Dos años esperando verdad y responsabilidad. Dos años resistiendo entre atropellos, silencio e impunidad, y hoy vemos cómo el sistema y oscuros intereses quieren torcer las reglas. Han existido irregularidades en la investigación de los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio”, señaló.
Villavicencio subrayó la ilegalidad de enviar un proceso penal ordinario a unidades anticorrupción, recordando que tanto la Corte Constitucional como el pleno del Consejo de la Judicatura ya se pronunciaron sobre este tema. Según la hija del periodista, estas acciones buscan retrasar el proceso y generar nulidades que permitan dilatar la justicia, cansando al país y afectando la búsqueda de la verdad.
El 20 de octubre, tanto la Fiscalía como la defensa de Amanda y Tamia Villavicencio ingresaron escritos solicitando que se revoque la inhibición, se declare la incompetencia de los jueces anticorrupción y se remita el expediente a la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Pichincha. Hasta el cierre de esta publicación, no se ha definido una nueva fecha para la audiencia de apelación ni se ha emitido pronunciamiento oficial del Tribunal Anticorrupción. La Fiscalía, además de apelar las medidas cautelares contra Serrano y Jordán, insiste en que se establezca una audiencia de revisión de dichas medidas.
