A 19 días de cumplir el primer año de gestión la Asamblea Nacional, vive un panorama político inestable y con una credibilidad que no ha logrado levantar. Escándalos por supuesta corrupción que involucraron hasta a su presidenta, Guadalupe Llori, así como otros asambleístas, desintegración de algunas bancadas, marcaron los primeros 100 días.
Por ejemplo, el pasado 20 de abril la ID separó a la asambleísta Johanna Moreira de la bancada legislativa. Las diferencias con la legisladora y sus compañeros de bloque ya se notaban en las votaciones relacionadas a la Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de Violación, en las que Moreira fue ponente.
Sin embargo, el último intento de autoconvocatoria para la conformación de una comisión ad hoc que se encargaría de la evaluación de Llori fue el detonante. La legisladora, al igual que otros cuatro asambleístas de la ID, firmaron la petición. Horas más tarde, el presidente del partido político, Guillermo Herrera tomó la decisión de separarla del bloque, argumentando que las actuaciones de Moreira son “graves”.
Proceso de destitución.
Por otro lado, el asambleísta independiente Bruno Segovia tiene previsto presentar esta misma semana una denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea, ante el Comité de Ética del organismo.
La acusación llegará por un posible tráfico de influencias por el supuesto nombramiento, en diferentes instituciones del Estado, de personas cercanas a la funcionaria, sobre todo de la Prefectura de Orellana, de donde Llori fue su titular en diferentes períodos.
Las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC) y los “rebeldes” de Pachakutik esperan que este proceso en el Comité de Ética corra con más suerte y agilidad que su propuesta de evaluación a Llori y al Consejo de Administración Legislativa (CAL)
“Si se concreta la denuncia del asambleísta Segovia se abriría un nuevo frente (para Guadalupe Llori) totalmente diferente al que nosotros pedimos. El Comité de Ética ya está conformado, a diferencia de la comisión a la que le han puesto trabas”, dijo Darwin Pereira, quien forma parte de la facción disidente de Pachkutik.
Pero UNES, PSC y los “rebeldes” tampoco descartan volver a insistir en la autoconvocatoria para la que necesitan, al menos, 92 firmas. La semana pasada obtuvieron 89 voluntades.
“Esto nos da un poco más de ánimo para pensar que ahora, con la aparición de las nuevas denuncias, pudiéramos llegar a las 92 firmas. Creo que los asambleístas deben hacer conciencia de que no podemos seguir con una presidenta que detiene el trabajo”, agregó Pereira.
Entre los asambleístas había preocupación, porque hasta la tarde del domingo 24 de abril la presidenta Llori no había convocado a sesión del pleno con las 48 horas de anticipación que estipula la norma legislativa.
