La Fiscalía General de la Nación de Colombia informó este martes que un hombre fue condenado a 21 años de prisión por su participación directa en el magnicidio del aspirante presidencial Miguel Uribe, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.
De acuerdo con el ente acusador, el condenado admitió su responsabilidad en el ataque armado perpetrado contra Uribe, quien en ese momento era senador y una de las figuras opositoras más visibles del gobierno de Gustavo Petro. El atentado, que conmocionó a la opinión pública y alteró el panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2026, fue ejecutado por un menor de edad que ya había sido sentenciado a siete años de reclusión.
Según los reportes judiciales, el ahora condenado facilitó el transporte del sicario hasta el lugar del ataque, contribuyendo de forma determinante al crimen. Las investigaciones apuntan a que su papel fue clave en la logística del atentado, considerado uno de los episodios más graves de violencia política en los últimos años en Colombia.
El asesinato de Miguel Uribe se produjo cuando el político salía de un evento público en el norte de la capital. Fue atacado a tiros y trasladado de urgencia a un centro médico, donde permaneció varias semanas en estado crítico antes de fallecer en agosto de 2024. Su muerte generó una ola de indignación nacional y reavivó el debate sobre la seguridad de los líderes políticos en el país.
Hasta el momento, cuatro personas más permanecen detenidas por su presunta participación en la planificación y ejecución del crimen. Las autoridades no descartan nuevas capturas, ya que la investigación continúa en curso para identificar a los autores intelectuales detrás del atentado.
“La condena demuestra el compromiso del Estado con la justicia y la protección de los procesos democráticos”, declaró un portavoz de la Fiscalía. “Este tipo de hechos no pueden repetirse en un país que busca la reconciliación y la paz política”.
Miguel Uribe, quien en su momento fue senador y candidato con una agenda centrada en la transparencia gubernamental y el desarrollo económico, se perfilaba como una de las alternativas más fuertes dentro del bloque opositor. Su muerte ha dejado un vacío significativo en el escenario político colombiano y ha reavivado el temor de que la violencia vuelva a marcar el rumbo electoral del país.
Con esta nueva condena, el caso del magnicidio de Uribe continúa su curso en los tribunales, mientras la sociedad colombiana exige respuestas sobre quiénes ordenaron el atentado y cuál fue el verdadero móvil político detrás del crimen.
