El presidente del Congreso de Perú, el fujimorista Fernando Rospigliosi, generó una fuerte controversia este lunes al referirse a Eduardo Ruiz, un manifestante fallecido el pasado miércoles en Lima, como “terruco”, un término usado en el país para denominar a miembros de grupos subversivos o, de manera despectiva, a opositores conservadores. Ruiz, de 32 años, era conocido por su actividad musical bajo el seudónimo Trvko, reconocido en la escena del hip hop peruano.
Durante un encuentro con periodistas, Rospigliosi afirmó: “Yo lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar ‘terruco’”, a pesar de que los reporteros le recordaron que la víctima era popularmente conocida como Trvko. El legislador mantuvo su postura y añadió: “Yo sé que era Trvko, que significaba lo que ya hemos dicho”. Asimismo, insistió en que lamenta la muerte, pero condicionó su opinión a los ataques que la manifestación tuvo contra la Policía.
El congresista, quien ocupa la Presidencia del Parlamento tras la destitución de Dina Boluarte y la breve asunción de José Jerí, subrayó: “Es muy lamentable que haya habido una muerte”. A la vez, justificó la actuación policial señalando que los ataques con bombas molotov, artefactos pirotécnicos y piedras constituyen delitos que no deben quedar impunes.
Rospigliosi criticó también al sistema judicial peruano, asegurando que “desgraciadamente el sistema judicial libera a los que atacan a la Policía”, mientras que el suboficial acusado de disparar a Ruiz recibió inmediatamente prisión preliminar. “La impunidad alienta el delito y, si los que cometen actos de violencia contra la Policía son liberados, obviamente van a seguir haciéndolo”, declaró.
Detalles del caso y consecuencias
Un tribunal ordenó el sábado la detención preliminar de siete días del suboficial Luis Magallanes, acusado de causar la muerte de Ruiz durante la masiva protesta en Lima, convocada para exigir al Congreso y al Gobierno acciones frente a la corrupción y el crimen organizado. Los hechos quedaron registrados en varios videos difundidos por la Municipalidad de Lima, que evidencian el momento del disparo.
A raíz de la muerte del manifestante y la represión registrada, el Ejecutivo peruano realizó cambios en la jefatura policial de Lima, en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y en la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Además, el Gobierno oficializó la creación de un grupo de trabajo encargado de establecer normas para la entrega de un “apoyo económico excepcional” a los familiares de los fallecidos y heridos graves durante las movilizaciones. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, reiteró que la administración de Jerí “es de pleno respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos”.
La muerte de Eduardo Ruiz y las declaraciones del presidente del Congreso han encendido un debate nacional sobre la violencia en las protestas, el uso de términos despectivos en la esfera política y la necesidad de reforzar la protección de los derechos humanos en Perú.
