Guayaquil, Ecuador – La recién aprobada Ley de Solidaridad Nacional, que busca desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, sigue generando debate en la Asamblea. El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Alfredo Serrano ha levantado la voz, sosteniendo que es «fundamental» establecer un plazo perentorio para la definición de los nuevos “parámetros” para la tenencia y porte de drogas. Esta exigencia busca evitar un vacío legal y garantizar la pronta aplicación de la ley.
La preocupación del asambleísta Serrano surge tras la aprobación de esta ley urgente, que reemplaza la controversial tabla de consumo de drogas. Dicha tabla fue derogada por disposición del presidente Daniel Noboa en noviembre de 2023, mediante la Resolución 001-CONSEP-CD-2013 y sus reformas. Recordamos que esta tabla se había establecido en 2013, durante el gobierno de Rafael Correa, con el propósito de diferenciar entre consumidores y traficantes de sustancias ilícitas.
La Ley de Solidaridad Nacional plantea, en su sexta disposición reformatoria, una crucial reforma al artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este artículo es el pilar legal que tipifica los delitos relacionados con drogas. La modificación es vital, ya que al eliminar la tabla de gramajes, se necesitan criterios claros y específicos que permitan a jueces y fiscales distinguir legalmente entre un consumidor y un traficante, evitando así la criminalización de personas con adicciones y enfocando la persecución en los grandes carteles y distribuidores.
El llamado de Alfredo Serrano a fijar un plazo es una medida de presión para asegurar que esta reforma no quede en el limbo de la implementación. Sin parámetros claros, la aplicación de la ley podría generar confusión, discrecionalidad excesiva en los operadores de justicia y, en el peor de los casos, impunidad para los traficantes o, paradójicamente, una persecución indebida de los consumidores.
La definición de estos nuevos «parámetros» no es tarea sencilla. Deberán considerarse múltiples factores, como la cantidad de sustancia, el contexto de la tenencia (consumo personal versus intento de venta), la presencia de otros indicios de tráfico (balanzas, empaques, grandes sumas de dinero) y el historial delictivo del individuo. La transparencia y la claridad en esta definición son cruciales para el éxito de la ley y para la credibilidad del sistema judicial.
Este debate subraya la complejidad de la política antidrogas en Ecuador, un país que se debate entre la necesidad de combatir frontalmente al crimen organizado y el enfoque de salud pública sobre el consumo de estupefacientes. La pronta definición de los parámetros es esencial para que la Ley de Solidaridad Nacional cumpla su objetivo de desarticular la economía criminal y fortalecer la seguridad ciudadana. La Asamblea y las entidades pertinentes tienen la responsabilidad de actuar con celeridad y precisión en este tema tan delicado.
