El gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Ángel Erazo, informó que la empresa estatal se prepara para iniciar, en el último trimestre de 2025, el proceso de recuperación de $78,9 millones por pagos indebidos efectuados a alrededor de 1.800 trabajadores.
Según explicó Erazo, la entidad ha avanzado en la estructuración del plan administrativo y legal para que los empleados beneficiados de manera irregular devuelvan los montos percibidos. “Estimamos que a partir del último trimestre del año se empiecen a cobrar los valores correspondientes”, detalló durante una entrevista con medios de comunicación.
La Contraloría General del Estado había determinado previamente que dichos pagos no contaban con sustento legal, lo que obligó a CNEL a establecer un mecanismo para recuperar los fondos. El proceso ha requerido una revisión exhaustiva de contratos, liquidaciones y compensaciones que habrían sido entregadas sin respaldo normativo durante gestiones anteriores.
Erazo indicó que actualmente se encuentra en marcha la notificación individual a cada trabajador involucrado, con detalles sobre los montos a devolver, plazos y condiciones. Además, se establecerán facilidades de pago para garantizar el cumplimiento sin afectar de forma inmediata las finanzas personales de los empleados.
“No se trata de una persecución, sino de una acción de responsabilidad administrativa. Estamos obligados a recuperar los recursos públicos y actuar conforme al marco legal”, puntualizó el gerente. Añadió que el proceso será transparente y contará con supervisión de los órganos de control.
El funcionario explicó que los valores a devolver varían según el caso, y que las cifras más altas corresponden a compensaciones otorgadas sin justificación contractual. El objetivo de CNEL es que el 100 % del dinero observado por la Contraloría sea recuperado, aunque reconoció que el proceso podría tomar varios meses o incluso años, dependiendo del nivel de colaboración de los trabajadores involucrados.
Desde el Gobierno se ha reiterado el compromiso con la lucha contra el uso indebido de fondos públicos. La devolución de estos $78,9 millones se enmarca en una política más amplia de recuperación de recursos y fortalecimiento de la ética pública.
