La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ha declarado que la vicepresidenta Verónica Abad no puede ser destituida a través de un sumario administrativo. Este pronunciamiento se produjo el 16 de octubre de 2024 durante una sesión en la Asamblea Nacional, donde Núñez se refirió a la situación de Abad tras la apertura de un proceso administrativo el pasado 10 de septiembre.
El sumario administrativo señala que la vicepresidenta pudo haber incurrido en una falta grave según el literal b del artículo 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), relacionada con el abandono injustificado de su cargo por tres o más días laborables consecutivos. La falta se origina en el incumplimiento de una directiva del Ministerio de Relaciones Exteriores que solicitaba a Abad trasladarse a Ankara (Turquía) antes del 1 de septiembre de 2024. Este traslado era necesario para que continuara sus funciones como embajadora de Ecuador en Israel, en medio del conflicto en Palestina. Sin embargo, Abad llegó a Turquía el 9 de septiembre, lo que generó la apertura del expediente administrativo.
Núñez explicó que, aunque la Losep prevé varias sanciones, incluida la suspensión y la destitución, la vicepresidenta no puede ser destituida. “Me apena que las redes sociales la hayan destituido. Hasta el día de hoy, ella es la vicepresidenta de la República”, afirmó Núñez, enfatizando que se deben seguir los procesos administrativos correspondientes.
La audiencia para abordar el sumario está programada para el 7 de noviembre, donde Verónica Abad tendrá la oportunidad de presentar pruebas para su defensa sobre los hechos que motivaron el inicio del procedimiento.
Estas declaraciones se producen tras la reciente negativa de una jueza en Quito a otorgar una acción de protección a la vicepresidenta contra el Ministerio de Trabajo. En esta decisión, la magistrada instó al Ministerio a respetar el régimen jurídico establecido en la Constitución para el ejercicio de la destitución de autoridades electas, que debe ser realizado en la Asamblea Nacional mediante un juicio político y bajo causales específicas.
Este conflicto se enmarca en la tensa relación entre la vicepresidenta Abad y el presidente Daniel Noboa, quien la designó como embajadora en Israel con el fin de mediar por la paz en la región.
Ante esta situación, la vicepresidenta ha recurrido a la justicia ordinaria buscando frenar el avance del sumario administrativo iniciado por el Ministerio de Trabajo.
