El segundo día de audiencia de juicio por el caso “Pruebas COVID-19” se instaló este martes en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Entre los acusados están el expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley, el exagente de tránsito Leandro Berrones y el ciudadano israelí Sheinman Oren. Todos enfrentan cargos por el presunto delito de delincuencia organizada, relacionado con la comercialización irregular de pruebas médicas durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.
Este proceso judicial se enmarca en una de las investigaciones más relevantes abiertas durante la pandemia, en la que la Fiscalía General del Estado busca demostrar que los implicados se beneficiaron de la venta ilegal de pruebas para detectar el COVID-19, aprovechándose del estado de excepción y la urgencia por insumos médicos en el país.
La fiscal del caso, Lidia Sarabia, lidera la acusación y durante la primera jornada —realizada el viernes 11 de abril de 2025— presentó ante el Tribunal Penal de Juicio a cinco testigos clave. La audiencia es presidida por los jueces Gandhy Cervantes (ponente), Ivonne Vásquez y Pablo Coello.
Según la teoría de la Fiscalía, los acusados habrían participado en una red estructurada con roles definidos, que operaba con el objetivo de obtener beneficios económicos mediante la venta fraudulenta de insumos médicos, sin cumplir los procedimientos legales ni sanitarios establecidos.
Este caso ha despertado gran atención mediática y ciudadana, debido al perfil de los implicados y el contexto en el que ocurrieron los presuntos delitos. Durante la pandemia, Ecuador enfrentó una grave escasez de pruebas de diagnóstico, lo que generó un mercado negro de insumos en el que se presume participaron varios actores políticos y empresariales.
La audiencia continuará en los próximos días, mientras la Fiscalía avanza con la presentación de testigos y elementos de convicción. La defensa, por su parte, ha reiterado que no existen pruebas contundentes que vinculen a los acusados con actos ilegales.
El Tribunal deberá valorar el conjunto de evidencias presentadas antes de emitir una resolución. De ser hallados culpables, los procesados podrían enfrentar penas de hasta 13 años de prisión, conforme al artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada.
