La desaparición de cuatro menores, detenidos por militares el pasado 8 de diciembre en el sector de Las Malvinas, sur de Guayaquil, ha generado controversia mientras continúan las investigaciones. Según Jesús López, abogado de los 16 militares implicados, los jóvenes, de entre 11 y 15 años, fueron liberados «en perfectas condiciones» en Taura, una parroquia rural del cantón Naranjal, ubicada a 60 minutos de Guayaquil.
Taura, conocida por su producción agrícola y camaronera, cuenta con 9,467 habitantes según el censo de 2022, una disminución respecto a los 10,359 registrados en 2010. La localidad, próxima a la base militar donde ocurrió el histórico «Taurazo» en 1987, enfrenta retos de acceso a servicios básicos: solo el 24.8 % de la población tiene agua por red pública, aunque el 95.4 % dispone de electricidad.
El abogado López explicó que los menores fueron aprehendidos tras una alerta de robo en las inmediaciones de un centro comercial en Guayaquil. Aunque inicialmente los trasladaban a una unidad policial cercana a la base de Taura, los uniformados decidieron liberarlos por solicitud de los propios menores. López alegó que los jóvenes no portaban documentos, lo que impidió determinar sus edades.
Por otro lado, los representantes legales de las familias de tres de los menores califican el caso como «desaparición forzada» y cuestionan el procedimiento militar. Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), afirmó que la falta de protocolos convierte cualquier antecedente en una grave violación de derechos.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, indicó que la detención se originó por la denuncia de un presunto robo. Sin embargo, los familiares rechazaron esta versión y realizaron un plantón frente a la Fiscalía en Guayaquil el lunes 23 de diciembre, antes de acudir a la Defensoría Pública para exigir justicia.
