La Fiscalía General del Estado (FGE) ha revelado una serie de conversaciones extraídas del celular de Augusto Verduga, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que exponen una presunta red de estrategias políticas y jurídicas diseñadas para influir en la designación de cargos públicos.
Según los chats obtenidos, Verduga, junto con Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz, habría trabajado en coordinación con asesores políticos y legisladores para garantizar que Raúl González Carrión asumiera como Superintendente de Bancos.
Estos cuatro exfuncionarios enfrentan cargos por asociación ilícita dentro del caso Liga2, una investigación que busca esclarecer supuestos actos de manipulación en procesos de designación de altos cargos en el Estado.
Estrategias políticas para controlar el CPCCS
Uno de los principales objetivos del grupo habría sido conformar una mayoría en el CPCCS, lo que les permitiría influir directamente en la designación del Superintendente de Bancos. En este contexto, la destitución de Juan Esteban Guarderas como consejero del CPCCS en diciembre de 2024 habría sido celebrada por los implicados, ya que facilitaba sus maniobras dentro del organismo.
Los chats evidencian cómo se habrían articulado diversas tácticas de presión y negociación para consolidar el control sobre este proceso clave, lo que ha llevado a la Fiscalía a profundizar en la investigación para determinar la responsabilidad de cada involucrado.
Implicaciones del caso y próximas acciones judiciales
El caso Liga2 continúa en desarrollo y las autoridades han señalado que se seguirán presentando pruebas que podrían comprometer a más personas dentro de esta presunta red de corrupción. La FGE ha indicado que las conversaciones halladas en el celular de Verduga son una pieza clave en la investigación y podrían abrir nuevas líneas de indagación.
Mientras tanto, la defensa de los acusados ha negado las acusaciones y ha calificado la investigación como una persecución política. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que existen suficientes indicios para sustentar el proceso judicial y continuar con las diligencias pertinentes.
El desenlace de este caso será determinante para evaluar el nivel de transparencia en la designación de cargos públicos en Ecuador y el impacto de las estrategias políticas dentro de instituciones clave como la Superintendencia de Bancos.
