Las autoridades del penal de Piura, en el norte de Perú, fueron destituidas este domingo luego de confirmarse la fuga de un interno procesado por extorsión, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El director y el subdirector del establecimiento penitenciario fueron removidos de sus cargos de manera inmediata, en cumplimiento de las decisiones del presidente del INPE.
“El presidente del INPE ha dispuesto la remoción inmediata del director y subdirector del Establecimiento Penitenciario de Piura”, comunicó el organismo estatal. Además, se ordenó a la Oficina de Asuntos Internos que realice “las indagaciones administrativas necesarias para determinar las responsabilidades que correspondan”.
El interno fugado fue identificado como Krisman Nizama Ponce, de 31 años, quien permanecía bajo tratamiento psiquiátrico y estaba procesado por el delito de extorsión. La fuga se reportó durante la mañana de este domingo, y de inmediato se activaron los protocolos de seguridad del penal. Según el INPE, la búsqueda se ha realizado tanto dentro del establecimiento como en sus alrededores, coordinando acciones con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).
Esta situación se suma a un caso similar ocurrido el pasado viernes, cuando las autoridades del penal de Huaral, en la región norte de Lima, fueron también destituidas tras la fuga de Dylan Jiménez Pérez, de 24 años y de nacionalidad venezolana, procesado por robo agravado. En esa oportunidad, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, declaró a RPP que todos los funcionarios del INPE se encuentran bajo evaluación constante y que se tomarán “las decisiones que correspondan en cada caso”.
“Como digo, aquel mal funcionario, aquel funcionario que sea corrupto, aquel funcionario que no cumple su trabajo, será removido”, enfatizó Martínez, subrayando la política de cero tolerancia frente a negligencias en los penales.
Las fugas se producen en un contexto de aumento significativo de la criminalidad organizada en Perú, con un incremento de casos de extorsión y sicariato, principalmente dirigidos contra transportistas y empresarios. Esta situación ha generado protestas ciudadanas que exigen medidas efectivas del Gobierno y del Congreso.
Recientemente, el Congreso peruano destituyó a la presidenta Dina Boluarte por una “permanente incapacidad moral” para enfrentar la criminalidad. Tras su salida, el legislador José Jerí asumió la presidencia del país, aunque las manifestaciones ciudadanas continúan, evidenciando el descontento social.
El pasado miércoles, una multitudinaria protesta en Lima dejó un ciudadano fallecido y decenas de heridos, en su mayoría policías. Además, el INPE confirmó amenazas contra el nuevo director del penal de Chincha y reportó que desconocidos dejaron dos explosivos frente al penal Miguel Castro Castro, acompañados de un manuscrito con amenazas dirigidas a magistrados del Poder Judicial.
Estas acciones reflejan la compleja situación de seguridad en los penales peruanos y subrayan la urgencia de reforzar protocolos de control y vigilancia en el sistema penitenciario nacional.
