Bolivia reactivó este jueves una campaña para erradicar y racionalizar cultivos ilegales de hoja de coca, en medio de un aumento del 10 % en las plantaciones durante 2025, de acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El operativo comenzó con un acto simbólico en el municipio de Chimoré, ubicado en el Trópico de Cochabamba, una de las principales regiones productoras de coca del país y considerada bastión sindical y político del expresidente Evo Morales.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, planteó a los productores de la zona abrir un diálogo para impulsar el desarrollo económico y productivo de la región. La propuesta busca convertir al Trópico de Cochabamba en un nuevo polo turístico y deportivo.
Sin embargo, el funcionario también lanzó una advertencia directa respecto al narcotráfico. “No vamos a permitir que el narcotráfico campee en ninguna parte de nuestro territorio nacional”, afirmó durante el inicio del operativo.
En el procedimiento también participaron el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, y la representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el país, Mónica Mendoza, quien acompaña el monitoreo de cultivos de coca.
Aunque la hoja de coca está reconocida en la Constitución boliviana por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, parte de la producción es desviada hacia el narcotráfico para la elaboración de cocaína. La superficie legal de cultivo fue ampliada de 12.000 a 22.000 hectáreas mediante una ley aprobada en 2017, durante el gobierno de Morales.
Según el ministro Oviedo, estimaciones oficiales indican que las plantaciones podrían haber alcanzado las 40.000 hectáreas en 2025, por lo que el Gobierno anunció la aplicación de controles más estrictos para evitar que los cultivos superen los límites permitidos. La presencia de autoridades en la zona ha generado alerta entre campesinos y cocaleros afines a Morales, quien permanece en el Trópico de Cochabamba desde 2024 debido a un proceso judicial por presunta trata agravada de personas.
