En Suecia, Bella Nilsson, una empresaria conocida como la “reina de la basura”, está en el centro de un juicio histórico que marca el mayor crimen ambiental en el país. Acusada de «delito medioambiental agravado», Nilsson enfrenta serias acusaciones junto a otros diez coacusados. La exdirectora ejecutiva de NMT Think Pink, que ahora se presenta bajo el nombre de Fariba Vancor, está acusada de desechar ilegalmente alrededor de 200,000 toneladas de residuos entre 2015 y 2020.
La fiscalía sostiene que Nilsson y sus asociados gestionaron de manera irresponsable los desechos, lo que resultó en la liberación de sustancias químicas peligrosas como plomo, arsénico y mercurio en el aire, suelo y agua. En uno de los incidentes más alarmantes, un cúmulo de desechos abandonados por Think Pink en las proximidades de una reserva natural se incendió, manteniéndose en llamas durante dos meses debido a combustión espontánea.
A pesar de su pasado en el que recibió reconocimientos por su trabajo, Nilsson ha negado cualquier irregularidad, argumentando que su empresa actuó conforme a la ley. Sin embargo, los fiscales argumentan que NMT Think Pink no tenía ni la intención ni la capacidad para manejar los residuos según la normativa ambiental vigente. La empresa, que se declaró en quiebra en 2020 poco después del arresto de Nilsson, está en el centro de esta crisis ecológica.
Durante su auge entre 2018 y 2020, las bolsas rosas de Think Pink eran un símbolo en la capital sueca, conocidas por ofrecer reciclaje y eliminación de residuos a bajo costo. Sin embargo, las prácticas de la empresa resultaron en la acumulación de montañas de basura sin separación adecuada de los materiales, lo que agrava aún más el impacto ambiental.
Los abogados de Nilsson y Leif-Ivan Karlsson, un exdirector ejecutivo de la empresa y conocido por su participación en un reality show, defienden a sus clientes y niegan las acusaciones. En total, la investigación preliminar cuenta con 45,000 páginas de documentación, que incluyen acusaciones de falsificación de documentos para engañar a las autoridades y obtener beneficios personales.
Municipios afectados por el desastre ambiental han solicitado una compensación significativa. El ayuntamiento de Botkyrka, en el sur de Estocolmo, ha pedido cerca de 12 millones de dólares por los daños, sumado a los gastos de limpieza y descontaminación que exceden esa cifra.
La fiscal Linda Schon expresó su preocupación por el impacto a largo plazo del caso. «Son las próximas generaciones las que pagarán por este crimen», advirtió. A pesar de los desafíos de la investigación, Schon subrayó que los 21 sitios investigados son suficientes para demostrar que los crímenes fueron sistemáticos. “El daño que veremos dentro de generaciones, solo podemos adivinarlo”, concluyó.
