El 17 de diciembre de 2024 está convocada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso conocido como “Purga”. Este proceso judicial investiga una red de delincuencia organizada vinculada con favores judiciales en la Corte Provincial de Guayas, un caso que ha generado gran atención debido a la implicación de altos funcionarios judiciales y políticos.
En una providencia emitida el 11 de diciembre, el juez Javier de la Cadena destacó que la audiencia se llevará a cabo a partir de las 08:30 en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), con la posibilidad de participar también de forma telemática. En esta causa están vinculadas 25 personas, aunque la Fiscalía General del Estado ha emitido un dictamen acusatorio contra 23 de ellas, mientras que decidió abstenerse de acusar a otras dos.
El juez De la Cadena también advirtió que se han identificado intentos de retardar el proceso por parte de algunos defensores, lo cual ha llevado a la implementación de estrictas medidas para garantizar el cumplimiento de los plazos. En su resolución, el juez indicó que no se aceptarán justificaciones por fallas en las conexiones telemáticas ni se permitirá el cambio de abogados de última hora sin justificación adecuada. Además, enfatizó que aquellos defensores privados que no comparezcan a la audiencia serán sancionados con una multa de hasta dos salarios básicos unificados, tal como lo estipula el Código Orgánico de la Función Judicial.
El juez también estableció que cualquier solicitud de diferimiento por parte de los defensores, alegando falta de preparación, no será aceptada. En caso de inasistencia por razones médicas, los abogados deberán presentar un certificado médico debidamente validado por el IESS, el Ministerio de Salud Pública o un médico particular. En este último caso, se solicitará una verificación del certificado a través de un notario público.
De acuerdo con el juez, si se detectan irregularidades en la actuación de los defensores, el expediente será remitido a la Judicatura para que se investigue. En situaciones donde un acusado se declare en indefensión, se notificará a la Defensoría Pública para que asuma la defensa y se le garantice una adecuada representación legal. Si el defensor público no cumple con su deber, la situación será puesta en conocimiento del Consejo de la Judicatura para su investigación.
En cuanto a la logística del juicio, se ha autorizado a los acusados detenidos en diferentes centros penitenciarios del país a ser trasladados a la Corte Nacional de Justicia. Entre ellos se encuentran Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Guayas; Pablo Muentes, exlegislador socialcristiano; y los jueces Guillermo P., Johann M. y Alberto L. Todos ellos se encuentran en prisión preventiva en distintos centros de detención, como el Centro de Privación de Libertad de Varones n.º 3 Guayas «La Roca», el Centro de Privación de Libertad Femenino de Cotopaxi, y otros penales en Cotopaxi, Pichincha y Tungurahua.
También se notificó al Consejo de la Judicatura, la Procuraduría General del Estado y el Banco del Pacífico como acusadores particulares en el caso. La audiencia se presenta como un momento crucial para avanzar en este complejo caso de corrupción judicial, que sigue siendo de gran interés público y podría tener repercusiones importantes para el sistema judicial del país.
