El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha dado un plazo de diez días a cinco instituciones del Estado para que presenten las ternas de candidatos que competirán por los cinco cargos principales del Consejo de la Judicatura (CJ) para el periodo 2025-2031. Esta decisión fue tomada el 16 de diciembre de 2024, en una resolución plenaria que exige a estos organismos gubernamentales enviar sus perfiles para dar inicio al proceso de selección de los nuevos vocales del CJ.
Este proceso ocurre en un momento crucial, ya que la actual composición del CJ, presidida por Mario Godoy, concluirá su periodo de seis años en 44 días. Durante este tiempo, varios de los funcionarios originales han renunciado, han sido destituidos en juicios políticos o han enfrentado investigaciones por casos de corrupción, lo que ha llevado a la necesidad urgente de renovar la cúpula judicial.
La resolución fue aprobada con el voto favorable de los consejeros Andrés Fantoni, Nicole Bonifaz, Juan Guarderas, Johanna Verdezoto y Jazmine Enríquez. La consejera Yadira Saltos se abstuvo de votar, mientras que Augusto Verduga no asistió a la sesión.
De acuerdo con el artículo 179 de la Constitución de Ecuador, el Consejo de la Judicatura se compone de cinco vocales que tienen un mandato de seis años, y sus miembros son seleccionados de ternas enviadas por diversas instituciones del Estado. Estas instituciones son la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República.
El reglamento establece que las instituciones gubernamentales tienen un plazo máximo de diez días, a partir de la notificación, para enviar sus ternas al CPCCS. En esta ocasión, se ha especificado que será el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, quien se encargará de enviar la terna correspondiente, sin necesidad de debatirla entre jueces y conjueces nacionales.
Una vez recibidas las ternas, el CPCCS, a través de su Comisión Técnica, revisará los perfiles de los candidatos para asegurar que cumplan con todos los requisitos legales y que no presenten prohibiciones constitucionales o legales. Si algún expediente está incompleto o hay candidatos que no cumplen con los requisitos, se les dará un plazo a las instituciones correspondientes para completar la información o cambiar de aspirante.
El proceso continuará con una fase de impugnación y escrutinio público, en la que se evaluará la probidad e idoneidad de los aspirantes. Aquellos que superen estas etapas deberán presentar un plan de trabajo ante los siete vocales del CPCCS, quienes, al final del proceso, serán los encargados de designar a los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, tanto principales como suplentes.
