La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra el asambleísta suspendido Santiago Díaz Asque, procesado por la presunta violación de una niña de 12 años, no se realizó este jueves 16 de octubre en la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia de Pichincha, en el norte de Quito, debido a un pedido de diferimiento presentado por su defensa.
La diligencia, programada por la jueza Carla Olalla a las 08:45, buscaba analizar posibles vicios de nulidad y conocer el dictamen acusatorio de la Fiscalía. Sin embargo, antes de iniciar, se notificó que el abogado del acusado solicitó aplazar la audiencia por motivos de salud. Santiago Díaz Asque, de 56 años, es investigado por la supuesta violación cometida en diciembre de 2024 y forma parte de los registros del movimiento político Revolución Ciudadana (RC).
Este llamado a audiencia se dio casi un mes después de que se cumpliera el plazo de 60 días de instrucción fiscal establecido desde la formulación de cargos, el 22 de julio pasado, jornada en la que Díaz Asque se entregó voluntariamente en Tumbaco, Quito. La jueza Olalla determinó prisión preventiva como medida cautelar.
Para fundamentar la acusación, la Fiscalía presentó 25 elementos de convicción, entre los que destacan testimonios anticipados de la víctima, así como declaraciones de su padre, madre y hermana, que coinciden con la versión de la niña sobre los hechos. Además, se exhibieron partes policiales de allanamientos realizados en la vivienda del acusado, donde se incautaron teléfonos celulares, credenciales y memorias flash.
La Fiscalía realizó entre el 9 y el 13 de julio cinco allanamientos, incautando documentos, dispositivos electrónicos y diez celulares, con el fin de recopilar evidencia. Dado que el proceso involucra a una menor de edad, se maneja bajo reserva.
Joan Paul Egred, abogado de la parte acusadora, calificó el diferimiento como una “maniobra dilatoria fuera de los principios de buena fe y lealtad procesal”. Egred aseguró que se presentará una solicitud para reprogramar la audiencia a la brevedad, enfatizando la necesidad de justicia expedita y el cumplimiento de la ley por parte del acusado.
“Este tipo de acciones genera desazón en la víctima y su familia, pero confiamos en la justicia ecuatoriana y en el trabajo realizado por la Fiscalía”, afirmó el abogado.
El proceso sigue bajo estricta supervisión judicial, y se espera que las próximas diligencias permitan avanzar hacia la etapa de juicio, garantizando la protección de los derechos de la menor y la transparencia del proceso.
