La mañana del lunes 23 de diciembre de 2024, a las 11:11 a.m., se instaló en Quito la audiencia en la que se tomará una decisión sobre la acción de protección presentada por la vicepresidenta Verónica Abad. Esta acción busca anular la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo, que suspendió a Abad por 150 días sin sueldo debido a su supuesta falta de asistencia a su lugar de trabajo en la embajada de Turquía.
El conflicto se originó cuando la Cancillería le indicó a Abad que debía presentarse en Ankara el 1 de septiembre de 2024, pero la vicepresidenta no llegó hasta el 9 de septiembre. Como resultado, el Ministerio de Trabajo determinó que Abad había cometido una infracción, imponiéndole la sanción mencionada.
Durante las primeras horas de la audiencia, la jueza Nubia Vera, quien lidera el caso en la Unidad Judicial de la Niñez y la Adolescencia, reveló que había recibido amenazas recientemente y que, además, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, había visitado su despacho el día anterior a la audiencia. Vera anunció que al final de la sesión daría declaraciones públicas sobre los hechos ocurridos.
Por su parte, Verónica Abad, al llegar a la sede judicial, también comentó sobre la visita de Godoy a las instalaciones de la jueza, expresando su preocupación por lo que consideró una “visita sorpresiva”. Abad destacó la situación como un intento de intimidación en medio del proceso legal que enfrenta.
La sanción impuesta a Abad se basa en su supuesta falta de cumplimiento de su obligación de presentarse en la embajada de Turquía en la fecha indicada. Sin embargo, la vicepresidenta argumenta que la decisión fue tomada sin tener en cuenta sus circunstancias y que la acción de protección es necesaria para garantizar el respeto de sus derechos constitucionales.
Este caso ha generado gran atención, ya que no solo involucra a la vicepresidenta y al Ministerio de Trabajo, sino que también ha puesto en evidencia tensiones dentro del sistema judicial, con denuncias de amenazas contra la jueza encargada de tomar la decisión final. El proceso se ha desarrollado a lo largo de varias diligencias judiciales y está marcado por una fuerte carga política.
