Este lunes 28 de abril de 2025, la Asamblea Nacional dio inicio al debate del proyecto de reforma parcial a la Constitución, cuyo objetivo principal es eliminar el financiamiento estatal a los partidos y movimientos políticos. La propuesta fue presentada por el presidente Daniel Noboa hace cinco meses, a través del Decreto Ejecutivo 467, y actualmente es tramitada por la Comisión Especializada Ocasional.
El proyecto busca modificar de forma parcial los artículos 110 y 115 de la Constitución de la República, los cuales establecen actualmente el derecho de las organizaciones políticas a recibir asignaciones económicas provenientes del presupuesto general del Estado. La reforma propone suprimir este beneficio con el argumento de racionalizar el gasto público y fomentar una mayor independencia y autogestión de los partidos.
La sesión número 1021 del pleno legislativo comenzó a las 11:30 de la mañana y se suspendió alrededor de las 14:20, tras varias intervenciones de asambleístas tanto a favor como en contra de la medida. Este fue el primer debate del proceso legislativo que, de avanzar, podría culminar en una consulta popular si se aprueba su carácter parcial.
Argumentos a favor y en contra de la eliminación del financiamiento estatal
Durante el desarrollo del debate, los legisladores que respaldan la propuesta de reforma sostuvieron que los recursos públicos deben priorizarse en áreas esenciales como salud, educación y seguridad, en lugar de destinarse al mantenimiento de estructuras partidistas. Además, consideraron que los partidos políticos deben autofinanciarse mediante aportes de sus militantes y simpatizantes, en concordancia con principios de transparencia y responsabilidad ciudadana.
En contraste, las voces críticas advirtieron que la eliminación del financiamiento público podría abrir la puerta a la influencia de grandes grupos económicos en la política nacional, al aumentar la dependencia de los partidos respecto a fuentes de financiamiento privadas. También se destacó que, sin fondos estatales, las organizaciones más pequeñas quedarían en desventaja frente a estructuras más consolidadas.
Próximos pasos en el proceso legislativo
Al tratarse de una reforma constitucional parcial, la propuesta requiere de dos debates en la Asamblea Nacional, con un intervalo de al menos 90 días entre uno y otro. Posteriormente, de ser aprobada, deberá pasar por una revisión de la Corte Constitucional y luego ser sometida a una consulta popular, tal como lo establece el artículo 442 de la Constitución.
Este proceso forma parte del paquete de reformas que el Ejecutivo impulsa con el objetivo de reducir el tamaño del Estado y fortalecer la institucionalidad democrática, según lo ha declarado públicamente el presidente Noboa.
