La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil rechazó este miércoles cualquier tipo de participación institucional en una presunta red delictiva desarticulada durante un operativo ejecutado en varios cantones del Guayas. Según la entidad, los hechos que derivaron en seis detenciones, entre ellas tres funcionarios activos, no corresponden a una estructura “tolerada o encubierta”, sino a procesos disciplinarios iniciados desde la propia administración.
El gerente general de la ATM, Fernando Navas, informó que el 1 de mayo de 2025 se presentó una denuncia formal que dio inicio a la investigación. “Con absoluta claridad, los hechos anunciados hoy no corresponden a una estructura tolerada o encubierta por esta administración; por el contrario, el origen de estas detenciones parte de una alerta interna y de procesos disciplinarios ya en marcha dentro de la institución”, sostuvo.
Durante la madrugada del 22 de octubre de 2025, la Policía Nacional y la Fiscalía ejecutaron un operativo que resultó en la detención de seis personas presuntamente vinculadas al delito de asociación ilícita. Entre los aprehendidos se encuentran la coordinadora de patrocinio judicial y dos agentes de tránsito, mientras que otros dos abogados fueron separados de la institución en los meses de junio y julio. El sexto implicado no pertenece a la ATM, precisó Navas.
El Ministerio del Interior, encabezado por John Reimberg, informó que el operativo buscó desarticular una supuesta red criminal enquistada en la ATM, presuntamente relacionada con el grupo de delincuencia organizada Chone Killers. Sin embargo, desde el Municipio de Guayaquil se rechazaron las afirmaciones del ministro, calificando el caso como un acto de “persecución política”.
“Esto no es un control, esto se llama persecución política”, señaló Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, quien vinculó las acciones del Gobierno con recientes declaraciones del alcalde Aquiles Alvarez sobre la situación de la Bahía de Guayaquil. “Hay que hablarlo claro: persecución política. No se puede aislar el contexto de lo ocurrido ayer ni de lo que se ha dicho sobre la Bahía”, afirmó.
Por su parte, César Poveda, coordinador legal del Municipio, cuestionó la falta de pruebas presentadas por el Ministerio del Interior. “El señor ministro afirmó vínculos con el grupo delictivo denominado Chone Killers, pero no reveló nombres ni documentos, y no existe evidencia procesal que respalde lo dicho. Lo emplazamos a presentar esas pruebas ante la Fiscalía o un juez”, expresó.
En respuesta a la polémica, la ATM anunció que está implementando reformas administrativas para fortalecer los controles internos. Entre las medidas, se prevé separar las áreas de flagrancia y patrocinio judicial, decisión que será discutida en una sesión de directorio programada para el 10 de noviembre.
Navas reiteró que la institución mantiene una política de transparencia y depuración interna. “Las investigaciones iniciaron dentro de la ATM y no como resultado de una intervención externa. Estamos comprometidos con erradicar cualquier práctica irregular”, enfatizó.
El caso ha generado amplio debate político y mediático en Guayaquil, donde tanto el Municipio como entidades municipales acusan al Gobierno central de instrumentalizar los procesos judiciales con fines políticos, mientras el Ministerio del Interior insiste en la existencia de redes criminales dentro de estructuras locales.
