El asesinato de María Daniela Icaza, quien se desempeñaba como directora de la Penitenciaría del Litoral, ha generado un profundo impacto en el país y ha sido vinculado a la creciente injerencia de grupos criminales en las decisiones gubernamentales. Este trágico suceso, ocurrido el 12 de septiembre, ha sido destacado en el reciente decreto que establece un estado de excepción en seis provincias y un toque de queda en 20 localidades.
Icaza fue atacada mientras se encontraba en el asiento del copiloto de un vehículo rojo en la vía a Daule. El hecho, que ha sido reportado ampliamente por medios internacionales, evidencia la gravedad de la violencia en Ecuador. “Diez noticias de agencias internacionales han resaltado el asesinato de la directora del Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1, además de un ataque armado en Quito, lo que refleja que la violencia ha alcanzado un nivel de conmoción internacional”, señala un informe de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, que se utilizó como base para justificar el nuevo estado de excepción.
El informe también subraya que el ataque a Icaza ilustra cómo los grupos criminales han dirigido sus acciones hacia funcionarios públicos, con el objetivo de influir en las decisiones del gobierno. “Este ataque es un claro indicativo de la injerencia de grupos armados organizados, cuyo impacto ha logrado trascender fronteras”, agrega el documento.
El decreto que establece el estado de excepción enumera varios ataques recientes que han afectado a funcionarios e instalaciones del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), la entidad encargada de la administración penitenciaria en el país. Entre los incidentes mencionados se incluyen:
- La muerte violenta del director del Centro de Privación de Libertad en Sucumbíos y dos funcionarios heridos en sus proximidades.
- Un ataque con dron en la parte superior de la cárcel La Roca.
- Un ataque dirigido contra un funcionario del CPL Guayas No. 1, presuntamente ordenado desde el pabellón 4.
- El asesinato de la directora encargada de la Penitenciaría del Litoral.
- Un atentado contra una funcionaria del área jurídica del SNAI en Quito, probablemente ordenado desde el CPL Guayas 3.
Estos hechos han puesto de manifiesto la urgencia de tomar medidas más severas frente a la violencia que asola al país. La combinación de estos eventos resalta la necesidad de un enfoque integral para combatir la criminalidad y garantizar la seguridad de los funcionarios que desempeñan roles críticos en el sistema penitenciario y de justicia.