En la mañana del miércoles 7 de mayo de 2025, el taxista Javier Lucas Santana, de 23 años, fue asesinado a balazos en el barrio Altamira, cerca de la avenida 113, en Manta, provincia de Manabí. El crimen ocurrió mientras Santana aguardaba en una fila de vehículos para abastecer su taxi con gas licuado de petróleo (GLP) en una gasolinera local. Testigos presenciales informaron que un hombre a bordo de una motocicleta se acercó al vehículo de la víctima y le disparó al menos seis veces antes de huir rápidamente del lugar.
Este asesinato se suma a una serie de ataques violentos contra miembros del gremio de taxistas en la región. En el año 2024, un total de 14 taxistas fueron asesinados en la provincia de El Oro, según datos de Diario Correo. Además, en lo que va del año 2025, se han registrado otros incidentes similares en Manta, como el asesinato de dos ocupantes de un taxi en febrero de este año .
La violencia contra los taxistas ha generado preocupación en el gremio, que ha expresado su temor por la creciente inseguridad en las calles. Muchos conductores han señalado que las extorsiones y los robos se han vuelto más frecuentes, y algunos han optado por no trabajar durante la noche debido al riesgo de ser víctimas de la delincuencia.
Las autoridades locales han condenado el asesinato de Santana y han prometido intensificar las investigaciones para dar con los responsables. Sin embargo, la falta de medidas efectivas para garantizar la seguridad de los taxistas sigue siendo una preocupación central para el gremio.
En respuesta a la creciente violencia, algunos taxistas han comenzado a organizarse para exigir mayor protección y mejores condiciones laborales. Se han realizado protestas y reuniones con autoridades locales para discutir posibles soluciones, como la implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real y la presencia policial en puntos estratégicos de la ciudad.
El caso de Javier Lucas Santana pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar la inseguridad que enfrentan los trabajadores del volante en Manta y otras ciudades del país. La falta de acciones concretas por parte de las autoridades podría seguir poniendo en riesgo la vida de miles de conductores que dependen de su oficio para sustentar a sus familias.
