Las denuncias y acusaciones sobre un supuesto hackeo al sistema de votación en cuatro curules de asambleístas de la Izquierda Democrática y del Gobierno, durante la votación de la moción para destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso, provocaron un contrapunteo político entre legisladores correístas, gobiernistas y el presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela.
Nueve días después de realizada la votación, los legisladores en la reinstalación de la sesión 770 recibieron el informe técnico del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación del Parlamento sobre lo ocurrido en la sesión telemática 782, que tramitaba la destitución del presidente Lasso. Ese día, los asambleístas Wilma Andrade, Marlon Cadena y Dalton Bacigalupo, del bloque de la Izquierda Democrática, y el gobiernista Guido Chiriboga denunciaron que el sistema de votación sufrió alteraciones.
Mauricio Guerra, funcionario del área de tecnologías de la Asamblea, explicó que en el caso de las sesiones telemáticas no se utilizan los equipos ubicados en el hemiciclo, sino una infraestructura de curules virtuales instalada en la plataforma tecnológica de la Asamblea.
Que los asambleístas acceden a su curul virtual por medio del software de acceso remoto Anydesk, que no es administrado por la Asamblea; además, que los servidores donde se aloja el sistema de curul electrónica están protegidos por equipos de seguridad perimetral, los cuales no fueron vulnerados.
Afirmó que del análisis técnico efectuado a los archivos de acceso remoto Anydesk, en el caso de los asambleístas Wilma Andrade, Dalton Bacigalupo, Marlon Cadena y Guido Chiriboga, se llegó a la conclusión de que hubo acceso a los cuatro computadores virtuales de los legisladores a través de una dirección IP 201.183.165.109 con identificador ID de Anydesk 801287839.
Lo que sucedió ese día, añadió Guerra, es que “una persona accedió a las cuatro curules utilizando las credenciales de los mencionados asambleístas, y llegamos a esa conclusión porque en la información que revisamos y recabamos, el Anydesk deja un rastro en dos archivos”.
Tras la exposición, el presidente Saquicela anunció que pidió una cita a la fiscal general del Estado para solicitarle que de manera inmediata disponga una pericia al sistema informático de la Asamblea Nacional y no quede tela de duda. Ese anuncio recibió aplausos de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES).
“Sí puedo aseverar que no es la Asamblea Nacional y vamos a llegar a saber quiénes han sido y quiénes quisieron poner en tela de duda la integridad del primer poder del Estado”, subrayó Saquicela, tras revelar que el legislador Juan Fernando Flores solicitó que se trate el informe en la próxima sesión, y afirmó: “Lo haré en el momento que me presente las firmas para la autoconvocatoria”.
La persona que incurra en este delito puede ser sancionada con una pena privativa de la libertad de tres a cinco años.
A partir de la denuncia, se abre una investigación que podría tardar hasta dos años y que depende de la experticia de los peritos para la determinación de culpables. García dice que debería pedirse la colaboración de expertos internacionales, con mayor entendimiento de los ciberdelitos.
