El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha decidido suspender el análisis sobre la entrega de formularios para la recolección de firmas que buscan iniciar un proceso de revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Pabel Muñoz López. Esta suspensión se da a la espera de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resuelva un recurso presentado por Néstor Marroquín, promotor de la revocatoria.
Contexto de la revocatoria
La solicitud de revocatoria se origina en un pedido realizado en agosto por Néstor Marroquín, activista del colectivo “Defiende tu Voto”. Marroquín presentó su solicitud en la delegación de Pichincha del CNE, argumentando que Muñoz ha incumplido sus obligaciones constitucionales. Este argumento se fundamenta en una sanción impuesta al alcalde por el TCE, debido a su apoyo público a Luisa González Alcívar, candidata de su movimiento, Revolución Ciudadana (RC), en las elecciones anticipadas de 2023.
La delegación de Pichincha revisó la solicitud y envió el expediente al CNE para determinar si se debían entregar los formularios requeridos. Sin embargo, el 23 de septiembre de 2024, los consejeros decidieron suspender los plazos legales para responder a esta petición hasta que el TCE se pronuncie sobre el recurso presentado por Marroquín.
El recurso ante el TCE
El recurso planteado por Marroquín ante el TCE está en proceso de análisis. Este caso fue asignado al juez Ángel Torres Maldonado, quien inicialmente se excusó de conocerlo. Sin embargo, el pleno del TCE rechazó su excusa, por lo que el juez continuará a cargo del caso.
La decisión del CNE de suspender el trámite significa que no se avanzará en la recolección de firmas hasta que se resuelva la situación legal. Esto plantea un panorama incierto para los opositores a Pabel Muñoz, quienes buscan revocar su mandato a través de la participación ciudadana.
Implicaciones políticas
Esta situación ha generado un debate significativo sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y su compromiso con la ley. La revocatoria de un alcalde es un proceso que refleja la voluntad del pueblo, pero también plantea interrogantes sobre la legalidad y las normas que deben seguirse para llevar a cabo estos procesos.
El resultado de este conflicto legal no solo afectará a Pabel Muñoz, sino que también podría tener repercusiones en la política local y en la confianza de los ciudadanos en sus representantes.
