El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó la calificación del segundo proyecto urgente enviado por el presidente Daniel Noboa, enfocado en la ley orgánica de innovación y fortalecimiento de la gestión pública. Esta iniciativa busca modernizar y optimizar la administración estatal para lograr una mayor eficiencia y transparencia.
El proyecto, remitido a la Asamblea Nacional el pasado 27 de mayo, fue asignado para su tramitación a la Comisión de Desarrollo Económico, liderada por la legisladora Valentina Centeno, representante del movimiento ADN. Esta comisión será responsable de analizar y elaborar el informe que se presentará para el primer debate en el pleno legislativo.
Junto a este proyecto, la Comisión de Desarrollo Económico también tiene a su cargo la revisión del primer proyecto urgente impulsado por el Ejecutivo, que apunta a la desarticulación de la economía criminal vinculada al conflicto armado interno en el país. El informe correspondiente a este primer proyecto se presentará para primer debate en la sesión plenaria de la Asamblea programada para el viernes 30 de mayo desde las 09:00.
La incorporación de estos proyectos en la agenda legislativa refleja el compromiso del gobierno de Daniel Noboa por fortalecer la gestión pública mediante innovación tecnológica y jurídica, así como por enfrentar los desafíos de seguridad vinculados a las economías ilegales.
La ministra de Gobierno, María Pérez, destacó que la modernización administrativa permitirá “una gestión más ágil, eficiente y transparente, beneficiando directamente a los ciudadanos”. Por su parte, la presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, subrayó que los proyectos serán estudiados con “rigurosidad técnica y política para garantizar un marco legal que impulse el desarrollo sostenible del país”.
Las iniciativas apuntan a implementar mecanismos tecnológicos y organizativos que permitan detectar y prevenir actos de corrupción, mejorar los procesos administrativos y asegurar una mejor fiscalización de los recursos públicos. Además, el enfoque en la lucha contra la economía criminal contribuirá a la estabilidad social y al fortalecimiento del Estado de derecho.
Estos esfuerzos legislativos se enmarcan en un contexto nacional donde la ciudadanía demanda mayor transparencia y eficacia en la administración pública, así como medidas contundentes contra los grupos delictivos que afectan la seguridad interna.
Se espera que la aprobación de estos proyectos marque un avance significativo en las políticas públicas de Ecuador, estableciendo bases sólidas para un gobierno moderno y seguro.
