La Asamblea Nacional de Ecuador emitió una advertencia formal a Cynthia Gellibert el jueves 6 de febrero de 2025, tras su actuación en la que se autodenominó “vicepresidenta de la República en funciones” en un oficio dirigido a la institución. A través de un comunicado en su cuenta oficial de X (anteriormente conocida como Twitter), el Parlamento consideró que la exfuncionaria podría haber incurrido en un delito de usurpación y simulación de funciones públicas.
El posible delito y sus implicaciones legales
La usurpación de funciones públicas es un delito que se encuentra tipificado en el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Según esta normativa, una persona que se haga pasar por funcionario público sin tener la debida autorización o cargo oficial podría enfrentarse a penas de prisión que varían entre uno y tres años. En este caso, la Asamblea Nacional ha señalado que la autodenominación de Gellibert como vicepresidenta en funciones podría ser interpretada como una violación a esta ley.
El COIP establece que quienes realicen actos públicos haciéndose pasar por ocupantes de cargos de representación sin serlo incurren en un delito penal que puede tener consecuencias graves, incluyendo sanciones penales severas. El comunicado también hace un llamado a la ciudadanía y a las autoridades a mantener la integridad institucional y a respetar los marcos legales que regulan el ejercicio de funciones públicas.
La controversia detrás del caso
Este incidente ha generado controversia en el ámbito político y ha puesto bajo el foco de atención a Gellibert, quien en varias ocasiones había estado vinculada a otros temas administrativos. La Asamblea Nacional recalca que este tipo de acciones puede dañar la imagen de las instituciones y afectar el funcionamiento del gobierno. La advertencia también subraya la necesidad de garantizar la transparencia en el ejercicio de cargos públicos y evitar simulaciones que puedan generar confusión en la ciudadanía.
Aunque Cynthia Gellibert no ha emitido una declaración pública sobre la advertencia recibida, la situación ha puesto en evidencia la importancia de la legalidad y legitimidad en el ejercicio de funciones públicas, especialmente en un periodo electoral tan relevante para el futuro del país.
