El Gobierno ecuatoriano ha declarado un estado de alerta máxima tras recibir informes confidenciales que advierten sobre presuntos intentos de atentar contra la vida del presidente Daniel Noboa. La primera advertencia fue emitida el 11 de abril de 2025, apenas dos días antes de la segunda vuelta electoral.
De acuerdo con un documento secreto emitido por la Casa Militar Presidencial y difundido el viernes 18 de abril por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco), se habría detectado una amenaza concreta que involucra la planificación de actos terroristas vinculados a los resultados de los comicios presidenciales.
“El Ecuador se encuentra en alerta máxima debido a información clasificada que sugiere intentos organizados contra la integridad física del primer mandatario y posibles acciones violentas que buscan desestabilizar al país en el contexto postelectoral”, señala el informe reservado.
La advertencia generó una movilización inmediata de los servicios de inteligencia, así como el reforzamiento de las medidas de seguridad en torno al jefe de Estado. Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre los actores detrás de estas amenazas, pero se presume la participación de grupos del crimen organizado que han sido objeto de recientes acciones gubernamentales.
El presidente Daniel Noboa, quien se perfila como el vencedor de las elecciones del 13 de abril según el conteo preliminar del Consejo Nacional Electoral, ha impulsado una agenda enfocada en seguridad interna y lucha contra el narcotráfico, lo que podría haber motivado estos planes de atentado.
Según fuentes militares, la alerta fue compartida con las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que mantienen operativos de vigilancia intensificados en puntos estratégicos del país, especialmente en las provincias con mayor índice de criminalidad.
El Gobierno ha instado a la población a mantener la calma y a confiar en las instituciones de seguridad del Estado. Mientras tanto, continúa la investigación para identificar a los responsables y evitar cualquier tipo de acción que atente contra la gobernabilidad democrática.
