La viceprefecta de Azuay, Alexandra Quintanilla, negó haber estado ebria durante un operativo de control vehicular y alcoholemia realizado en Cuenca el pasado sábado 28 de febrero. Cuatro días después del incidente, publicó un comunicado en su cuenta de la red social X para aclarar los hechos.
Según Quintanilla, alrededor de las 00:40, en el sector de la bajada de Todos los Santos y Paseo 3 de Noviembre, agentes de la EMOV realizaban un procedimiento de control. En ese momento, observó que una mujer estaba siendo sometida al uso de gas, lo que la motivó a intervenir verbalmente para solicitar que el procedimiento se realizara con proporcionalidad y respeto.
La funcionaria indicó que, en medio del operativo, los agentes le solicitaron una prueba de alcoholemia. “Es importante aclarar con firmeza que nunca me encontré en estado etílico, como se ha insinuado en algunos espacios”, aseguró. Además, explicó que su matrícula fue retirada por un agente y que no le permitieron realizarse la prueba de alcoholemia pese a su insistencia.
Quintanilla agregó que durante el proceso posterior sufrió varios episodios de epilepsia, enfermedad que padece desde 2006, lo que la mantuvo bajo efectos de sedación durante el día, incluido el momento de la formulación de cargos. También mencionó que han circulado videos del operativo que, según ella, muestran el contexto real de lo sucedido.
Una jueza declaró a la viceprefecta culpable de una contravención de tránsito tipificada en el artículo 385.3 del COIP, por conducir un vehículo en estado de embriaguez. La sanción impuesta incluye 30 días de privación de libertad en el Centro de Privación de la Libertad de Infractores de Tránsito Mujeres de Cuenca (EMOV-EP), una multa de $1.446 y la suspensión de su licencia por 60 días.
La Fiscalía del Azuay iniciará investigaciones para determinar si el caso constituye un delito de acción pública, debido a que Quintanilla habría inducido al error a un agente civil de tránsito, generando inconsistencias en la verificación de su identidad.
Ante esta situación, la viceprefecta solicitó vacaciones por 30 días y aseguró que actuará con absoluta apertura y respeto a la institucionalidad, en estricto apego a lo que determinen las instancias competentes.
