El concurso para designar al nuevo fiscal general del Estado continúa sin avances significativos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pese a comprometerse a agilizar el proceso, aún no ha debatido el informe jurídico clave que permitiría reducir plazos y poner en marcha la conformación de la comisión ciudadana encargada del proceso.
En la sesión del 23 de mayo de 2025, el pleno del CPCCS aprobó de forma unánime otorgar un plazo de dos días a su equipo jurídico para que presente un informe que detalle los procedimientos especiales contemplados en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), los cuales podrían aplicarse para acortar los tiempos del concurso y avanzar con la selección del fiscal. Sin embargo, cinco días después, no existe confirmación oficial sobre la entrega de dicho documento, lo que ha generado inquietud por la aparente falta de acción.
Durante la sesión del 28 de mayo, el tema no fue incluido en el orden del día, ni fue mencionado por los consejeros. Esta omisión genera dudas sobre el compromiso del Consejo con el cumplimiento de sus responsabilidades institucionales, especialmente en un contexto donde más de 50 autoridades del país continúan ejerciendo sus cargos de forma prorrogada por falta de procesos de renovación.
“Somos enemigos de los prorrogados”, declaró el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, al referirse a la situación actual del organismo. No obstante, reconoció que hay 57 autoridades en funciones extendidas, debido a que no se han concretado los concursos necesarios para su reemplazo. Entre esas autoridades figura la cabeza de la Fiscalía General del Estado, cargo clave en la estructura institucional del país.
La falta de avances concretos en este proceso ha generado críticas desde diversos sectores, que exigen mayor transparencia y celeridad en las acciones del CPCCS. La ciudadanía y varios actores políticos han cuestionado la demora como una forma de prolongar la permanencia de autoridades sin el respaldo de una designación democrática y actualizada.
De acuerdo con lo establecido en el COFJ, la conformación de la comisión ciudadana debe realizarse en un plazo no mayor a 30 días una vez iniciado el proceso, pero sin el informe jurídico, los plazos no pueden empezar a correr formalmente.
La situación pone en evidencia los desafíos estructurales que enfrenta el CPCCS, organismo que, pese a su rol fundamental en la designación de autoridades clave, continúa acumulando retrasos que afectan la institucionalidad del país.
