La Corte Constitucional (CC) del Ecuador resolvió declarar inconstitucionales varios artículos de la Resolución 006-2025, emitida por el Consejo de la Judicatura, al considerar que esta normativa contraviene el derecho de acceso a la justicia consagrado en la Constitución.
En sesión plenaria, la CC anuló específicamente los artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 de dicha resolución. Este documento había sido aprobado por el Consejo de la Judicatura con la finalidad de establecer nuevas unidades y salas distritales especializadas en materia constitucional. Sin embargo, tras un análisis riguroso, el máximo órgano de control constitucional concluyó que estas disposiciones restringen el alcance territorial de la justicia, lo cual vulnera el artículo 86 de la Constitución, reformado mediante el referéndum popular del 21 de abril de 2024.
El fallo enfatiza que el modelo distrital propuesto por la Judicatura “centraliza de forma excesiva la administración de las garantías jurisdiccionales”, lo cual resulta incompatible con el mandato constitucional de una justicia accesible, especializada y con presencia nacional. Según la CC, esta centralización implica un retroceso en la protección de los derechos ciudadanos, al limitar las oportunidades para que los ecuatorianos accedan a mecanismos de defensa constitucional en todo el territorio.
La decisión de la Corte no solo reitera la supremacía del texto constitucional reformado, sino que también marca un precedente sobre la distribución equitativa de la administración de justicia. «La creación de unidades distritales no puede implicar una restricción geográfica de derechos que deben ser garantizados en todo el país», señala el dictamen.
Este fallo refuerza el principio de descentralización en la administración de justicia, recordando que el acceso a las garantías constitucionales debe ser amplio, oportuno y eficaz, sin importar la ubicación geográfica de los ciudadanos.
La sentencia genera un nuevo escenario para el Consejo de la Judicatura, que deberá rediseñar su política institucional respecto a la justicia constitucional, respetando la distribución territorial que exige la Carta Magna.
