La Contraloría General del Estado de Ecuador ha iniciado un proceso de auditoría sobre la declaración juramentada de Andrés Guschmer, actual Ministro del Deporte, para verificar su cumplimiento con las normativas que regulan la idoneidad para ocupar cargos públicos. Esta revisión surge tras preocupaciones sobre su participación accionaria en empresas con contratos estatales.
Mauricio Torres Maldonado, el contralor, indicó que el análisis se centra en determinar si Guschmer mantiene acciones en Teleamazonas Guayaquil S.A. y Cratel S.A., lo que podría inhabilitarle para su función pública. La Constitución prohíbe que ministros posean intereses en empresas que contraten con el Estado para la ejecución de obras o servicios públicos.
El propio Guschmer solicitó esta revisión para esclarecer su situación, motivando a la Contraloría a emprender esta evaluación preliminar que culminó en la apertura del proceso de auditoría. Esta situación recuerda a un caso similar con Sebastián Corral Bustamante, quien fue encontrado no apto para su cargo en el gobierno de Guillermo Lasso por conflictos similares de intereses.
Además de este caso, la Contraloría lleva a cabo otras importantes auditorías. Actualmente revisan las declaraciones patrimoniales de 128 jueces, particularmente los implicados en casos de alto perfil como Metástasis, y planean expandir estas revisiones a un total de 500 jueces. También se están realizando 27 auditorías de 80 programadas a varias instituciones estatales.
Respecto a los exministros del anterior gobierno de Lasso, incluido el expresidente y el exvicepresidente, se están realizando exámenes para evaluar sus patrimonios. Además, se están examinando las finanzas de varios Gobiernos Autónomos Descentralizados, algunos de los cuales han sido señalados por gastos excesivos en festividades.
Por otro lado, la Contraloría ha programado 52 auditorías a proyectos hidroeléctricos y está finalizando 16 de ellas este año. También se están llevando a cabo tres auditorías especiales al Consejo Nacional Electoral, una de las cuales ya ha resultado en un informe con responsabilidades administrativas sobre el voto electrónico usado en elecciones recientes.
Este amplio espectro de auditorías refleja el compromiso de la Contraloría con la transparencia y el cumplimiento normativo en todas las esferas del gobierno y la administración pública ecuatoriana.
