Víctima del caso Independencia Judicial exige que Xavier Muñoz sea procesado por incumplir reparación económica

POLÍTICA

A pesar de haber cumplido su condena carcelaria y ofrecido disculpas públicas, el exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Xavier Muñoz, enfrenta un nuevo frente judicial. Walter Macías, exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y reconocido como víctima indirecta en el caso conocido como Independencia Judicial, ha solicitado que se inicie un nuevo proceso penal contra Muñoz por el incumplimiento del pago de la reparación económica dispuesta como parte de la sentencia.

En junio de 2024, el conjuez temporal de la Corte Nacional, Julio Inga, aprobó un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Muñoz, estableciendo una pena de nueve meses y seis días de cárcel por su responsabilidad como autor del delito de obstrucción de la justicia. La sanción fue cumplida y, en octubre del mismo año, Muñoz recuperó su libertad tras presentar disculpas públicas, tal como lo establecía el fallo judicial.

No obstante, el componente económico de la condena —un pago de $11.040 a favor de Macías como compensación por los daños causados— sigue sin ser honrado. Macías denunció que, hasta la fecha, no ha recibido el monto acordado, lo que constituye un incumplimiento de una orden judicial ejecutoriada.

“La reparación no es opcional, es una obligación derivada de una sentencia penal. Su incumplimiento no puede quedar en la impunidad”, declaró Macías, quien ha solicitado formalmente que se active un nuevo proceso penal contra Muñoz por desacato o incumplimiento de decisión judicial.

El caso Independencia Judicial generó gran atención pública, ya que evidenció presiones y obstrucciones dentro del sistema de justicia ecuatoriano. Muñoz fue procesado por obstaculizar el trabajo judicial de Macías cuando este investigaba causas sensibles vinculadas al poder político y a funcionarios del Estado.

La Fiscalía General del Estado aún no se ha pronunciado sobre la nueva petición presentada por la defensa de Macías, aunque fuentes cercanas al caso indicaron que se está evaluando la viabilidad de abrir un nuevo expediente penal por desobediencia judicial, un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La falta de pago de la reparación también pone en duda la eficacia de los mecanismos de justicia restaurativa en Ecuador, en especial cuando se trata de casos de alto perfil. Para Macías, el incumplimiento evidencia “una actitud de burla hacia el sistema judicial y hacia las víctimas”, y exige que las autoridades actúen con firmeza para evitar que el caso quede sin consecuencias adicionales.

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