La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, solicitó este miércoles 29 de enero de 2025 a un Tribunal de Garantías Penales en Quito que ordene al presidente Daniel Noboa asignarle nuevas funciones sin que esto implique su degradación, además de pedir que se abstenga de tomar cualquier medida que pueda considerarse como persecución o hostigamiento hacia su persona.
La solicitud de Abad forma parte de una acción de protección presentada contra cinco decretos ejecutivos, entre ellos el que designó a Cynthia Gellibert como vicepresidenta en su lugar. Durante la audiencia pública celebrada por el tribunal, Abad, mediante sus abogados, planteó diversos pedidos, destacando que la decisión del presidente de nombrar a Gellibert no puede considerarse como una simple reorganización, sino una degradación de su posición.
La vicepresidenta argumentó que su remoción y el nombramiento de Gellibert como su reemplazo no obedecen a un procedimiento legal apropiado y que su actual asignación a la embajada no se ajusta a sus competencias ni a la función pública que desempeñaba previamente. En este sentido, Abad pidió que se le asignen nuevas funciones acorde a su cargo, garantizando que no se le reduzca su rol sin una justificación adecuada.
La defensa legal de la Presidencia de la República, por su parte, ha sostenido que no existe fundamento para la acción de protección interpuesta por Abad, y argumenta que el nombramiento de Gellibert como vicepresidenta no implica ninguna degradación, sino que se trata de una reestructuración dentro del gobierno. La discusión ahora recae sobre si la decisión del presidente de reasignar a Abad constituye un acto legítimo o si, por el contrario, se configura como una medida arbitraria que vulnera sus derechos.
El caso ha generado gran expectación, ya que plantea dudas sobre el ejercicio del poder ejecutivo y la manera en que se manejan los cargos dentro del gobierno. La resolución que adopte el tribunal tendrá un impacto importante en la política interna del país y sobre los límites del poder del presidente frente a las funciones asignadas a los altos funcionarios.
