La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, ha solicitado a las partes involucradas en el caso Flopec, incluyendo la Procuraduría General del Estado (PGE), que se pronuncien antes del jueves 29 de abril de 2025 sobre la solicitud de archivo de la investigación previa presentada por la fiscal general Diana Salazar. Esta solicitud se refiere a la presunta comisión del delito de peculado relacionado con un contrato firmado en diciembre de 2020 entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool Company, una firma internacional registrada en Islas Marshall.
Contexto del caso
La denuncia inicial fue presentada el 17 de septiembre de 2021 por Pilar Ferri, exgerente de Flopec, quien alegó irregularidades en la contratación de buques para el transporte de crudo y combustible. Según Ferri, los contratos con Amazonas Tanker habrían sido perjudiciales para los intereses de Flopec y el Estado ecuatoriano. En su versión rendida el 14 de abril de 2023, Ferri ratificó que los acuerdos con Amazonas Tanker no eran favorables para Flopec, señalando que los costos eran elevados y que el contrato resultaba lesivo para el patrimonio estatal.
Investigaciones y acusaciones
El 26 de abril de 2023, Mireya Pazmiño, entonces asambleísta del movimiento Pachakutik y actualmente legisladora electa por la Revolución Ciudadana, presentó una denuncia por peculado contra varias personas, incluyendo al expresidente Guillermo Lasso, su cuñado Danilo Carrera, Iván Correa, exsecretario de la Administración Pública, y otros funcionarios relacionados con Flopec y Amazonas Tanker.
La fiscal general Diana Salazar fundamentó su solicitud de archivo en el artículo 195 de la Constitución, que otorga a la Fiscalía la facultad de dirigir la investigación y ejercer la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, siempre atendiendo al interés público y a los derechos de las víctimas.
Reacciones y oposición
Washington Andrade, abogado de Mireya Pazmiño, expresó su oposición al archivo solicitado, señalando posibles conflictos de interés en la Procuraduría General del Estado debido a la relación previa de su titular, Juan Carlos Larrea, con el Banco de Guayaquil. Andrade también cuestionó la rapidez con la que la jueza Camacho atendió la solicitud de archivo, sugiriendo que podría haber influencias políticas detrás de la decisión.
Próximos pasos
Una vez que las partes presenten sus pronunciamientos, la jueza Daniella Camacho emitirá su decisión sobre el archivo de la investigación previa. Si se acepta el archivo, el caso quedará cerrado; de lo contrario, se continuará con la investigación y posibles acciones legales contra los implicados.
