El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) avanza en la evaluación de una segunda denuncia por violencia política de género en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas. El proceso judicial, impulsado por una colaboradora del gobierno de Daniel Noboa, busca establecer si la segunda mandataria incurrió en actos de violencia política.
La audiencia pública de cargo y descargo se llevó a cabo el 25 de febrero de 2025 en la sede del TCE, en Quito. La demandante, Diana Jácome, asambleísta electa y funcionaria del Ejecutivo, acusa a Abad de haber ejercido violencia política en su contra por razón de género. En su demanda, Jácome sostiene que la vicepresidenta la deslegitimó y obstaculizó su desempeño en el ámbito político, lo que, según la ley ecuatoriana, podría configurar una infracción electoral sancionable.
La jueza Ivonne Coloma Peralta está a cargo del proceso y será la responsable de determinar si Abad es culpable de la acusación o si ratifica su estado de inocencia. En caso de ser hallada responsable, podría enfrentar sanciones que van desde una multa hasta su posible destitución del cargo, de acuerdo con la normativa vigente en materia electoral y de violencia política.
Esta es la segunda denuncia de este tipo en contra de la vicepresidenta, lo que ha generado un intenso debate político y mediático. Diversos sectores han manifestado posturas divididas sobre el caso: mientras algunos consideran que la investigación responde a un debido proceso, otros argumentan que se trata de una persecución política.
La resolución del TCE podría sentar un precedente en materia de violencia política en Ecuador, especialmente en el contexto de una creciente participación de mujeres en la esfera pública. Se espera que en los próximos días se emita un fallo que defina la situación legal de Verónica Abad y su permanencia en el cargo.
