El traslado de siete de los doce procesados por terrorismo en Otavalo, Imbabura, a la cárcel de Ibarra marca un hito previo a la audiencia de apelación programada para este 17 de octubre. La acción se ejecutó luego de que un Tribunal de Portoviejo, en Manabí, aceptara parcialmente un habeas corpus que ordenaba su retorno a la jurisdicción donde se desarrolla su investigación.
El 6 de octubre, la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Manabí dispuso que Luis Enrique M. F., Elvis Damián L. M., Diego Armando L. R., José Segundo A. Q., Luis Ernesto T. M., Jeremy Washington L. P. y Juan Sebastián M. T. fueran trasladados de manera inmediata desde la cárcel El Rodeo en Portoviejo hacia el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Ibarra, considerando su entorno sociocultural y familiar. El retorno se concretó la noche del miércoles anterior.
Los jueces que tramitaron el habeas corpus destacaron la vulneración de derechos conexos y colectivos de los recurrentes, de acuerdo con los artículos 43, 45 y 57.3 de la Constitución, debido a que su traslado previo a Portoviejo se realizó sin considerar estas garantías legales.
El retorno se produjo pocas horas después de que autoridades indígenas alcanzaran acuerdos con el Gobierno de Daniel Noboa para levantar las movilizaciones violentas que paralizaron Imbabura durante 24 días. Entre estos acuerdos figuraba la liberación de detenidos en el marco de las protestas y el retorno de los acusados de terrorismo a la cárcel de Ibarra.
Hasta ahora, solo uno de los procesados permanece en la cárcel El Rodeo, ya que no fue beneficiario del habeas corpus ni pertenece a un pueblo indígena.
El Tribunal Anticorrupción de Pichincha, integrado por los jueces Lauro Fernando Sánchez, Esteban Israel Coronel y Mabel del Pilar Tapia, convocó para el viernes 17 de octubre la audiencia de apelación contra las órdenes de prisión preventiva emitidas por la jueza anticorrupción Gissela Zambrano. Los acusados enfrentan cargos por su presunta participación en actos violentos durante el paro nacional, incluyendo el ataque al comando policial de Otavalo que derivó en incendios de instalaciones y vehículos policiales y particulares.
La audiencia de calificación de flagrancia tuvo lugar el 23 de septiembre en la Unidad Especializada en Corrupción y Crimen Organizado de Quito, un día después de la detención de trece personas implicadas. De ellos, doce recibieron prisión preventiva, mientras que Gina Betel C. T. fue sujeta a presentación periódica y prohibición de salida del país. Los certificados de autodeterminación presentados por los procesados indígenas solicitan que la justicia considere el derecho propio y las garantías constitucionales aplicables a pueblos y nacionalidades indígenas.
Este caso sigue siendo uno de los más relevantes en el marco de las protestas del paro nacional y el seguimiento a los derechos de los procesados indígenas en Ecuador.
