La Asociación Nacional de Trabajadores de las empresas de energía y petróleo ha expresado su firme oposición a la reciente decisión del Ministerio de Energía y Minas de convocar a una nueva licitación para la operación del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Este anuncio se produce tras la celebración previa del gremio por la reversión del oleoducto al control estatal, lo que subraya un cambio en su postura ante las nuevas condiciones.
El sindicato argumenta que existe una falta de transparencia y posibles irregularidades en la gestión del contrato relacionado con el oleoducto. Según afirman, el contrato original no contemplaba prórrogas, por lo que cuestionan el hecho de que el mismo se haya extendido hasta noviembre de 2024, casi un año más de lo estipulado. Esta extensión ha generado inquietudes sobre el posible lucro cesante, un tema que el gremio considera crítico y que requiere aclaraciones urgentes.
La asociación sostiene que la nueva licitación contradice lo establecido en la Constitución y las leyes ecuatorianas, que indican que las delegaciones a empresas privadas deben ser excepcionales. En este contexto, plantean la siguiente interrogante: “¿Cuál es la justificación técnica y económica para someter a licitación un activo que representa un ahorro anual de $125 millones para el Estado si se mantiene bajo control estatal?”.
El gremio recalca que la reversión del oleoducto, que debía concretarse en enero de este año conforme a la ley y al contrato, no solo es un derecho, sino una necesidad que debe ser priorizada. Resaltan que es inaceptable considerar alternativas que, según ellos, beneficiarían a intereses particulares en detrimento del bienestar del país.
El comunicado de la asociación, que se hizo público tras el anuncio del Ministerio de Energía el lunes 28 de octubre de 2024, también pide a la Contraloría General del Estado que inicie una investigación sobre este asunto. El objetivo es determinar las responsabilidades y posibles sanciones por el supuesto perjuicio económico causado al Estado.
