El proceso judicial por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio avanza con nuevas revelaciones. Este 31 de octubre de 2025 se desarrolló en el Complejo Judicial Norte de Quito el testimonio anticipado de Marcelo Nicolás L. S., un testigo protegido de 27 años que asegura haber sido la “mano derecha” del narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón, cuando ambos coincidieron en el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi.
La diligencia, dirigida por la jueza de Pichincha Luz María Ortiz, se llevó a cabo de forma virtual desde el Consulado de Ecuador en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En la audiencia participaron la fiscal Ana Hidalgo, de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos, los abogados de las víctimas —entre ellas Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del político asesinado— y las defensas de los cuatro procesados señalados como autores intelectuales del crimen: el exministro José Serrano, el empresario Xavier Jordán, el exasambleísta Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, implicado en casos de corrupción.
El otro testimonio programado para esa jornada, correspondiente al exagente policial Ronal Patricio H. R., alias Jonathan, no pudo concretarse por motivos de salud. Pese a ello, su declaración previa del 11 de septiembre permanece bajo reserva, pues el exagente se encuentra bajo el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.
La fiscal Hidalgo solicitó estas diligencias al amparo del artículo que permite incorporar testimonios anticipados de personas enfermas, víctimas, testigos protegidos o informantes cuya presencia en juicio sea complicada. La intención es preservar versiones clave que podrían esclarecer la autoría intelectual del atentado ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.
Durante su versión, rendida inicialmente el 25 de septiembre desde Bolivia, Marcelo L. S. ofreció detalles sobre la estructura criminal que planificó el asesinato de Villavicencio. Según su relato, el grupo habría recaudado alrededor de un millón de dólares para ejecutar el crimen. Además, afirmó que José Serrano, exministro de Justicia e Interior durante el gobierno de Rafael Correa, actuaba como nexo con la Policía Nacional para obtener información sobre los movimientos del político, la cual era transferida al grupo delictivo Los Lobos, liderado por Norero.
“Era Leandro Norero quien daba las órdenes. Yo era su mano derecha en Cotopaxi y presencié cómo se coordinaban las acciones. Desde el pabellón 9 de la Penitenciaría del Litoral se realizaron reuniones con cabecillas de Los Lobos y se mantenían conversaciones por aplicaciones como Threema”, declaró el testigo durante la audiencia.
De acuerdo con su testimonio, Serrano habría utilizado contactos en la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) y en la Dirección General de Inteligencia (DGI) para facilitar información sobre los lugares que Villavicencio frecuentaba y los horarios de sus desplazamientos. “El día del asesinato todo estaba planificado. Se dispuso que no le llegara un vehículo blindado, sino una camioneta de la UIAD sin protección”, aseguró.
El testigo también señaló que en las órdenes para seguir y eliminar al excandidato habrían intervenido figuras políticas como Rafael Correa y Jorge Glas, quienes, según su versión, habrían solicitado a Norero vigilar a Villavicencio por sus investigaciones en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
La audiencia se desarrolló sin presencia de prensa y con estrictas medidas de seguridad. Entre los asistentes se encontraba una de las hijas de Villavicencio, acompañada por su abogado, Patricio Rosero, quien reiteró que las víctimas buscan que se haga justicia y se determine quiénes ordenaron el crimen que conmocionó al país.
El caso Magnicidio FV continúa en la etapa de instrucción fiscal. La Fiscalía sostiene que los procesados Serrano, Jordán, Aleaga y Salcedo habrían financiado y coordinado la logística para ejecutar el atentado, mientras las defensas insisten en que no existen pruebas concluyentes que los vinculen con el hecho.
La declaración de Marcelo L. S. se perfila como una de las más determinantes en la investigación, pues no solo describe la ruta del dinero y la planificación del ataque, sino que también revela los presuntos nexos entre estructuras del crimen organizado y funcionarios del más alto nivel.
