La noche del lunes 3 de marzo de 2025, un acto de justicia por mano propia se desató en la parroquia Dayuma, ubicada en la provincia de Francisco de Orellana, cuando una multitud enfurecida tomó la justicia en sus manos frente a una unidad policial. En un hecho que ha conmocionado a la comunidad, dos hombres, acusados de robo y extorsión, fueron agredidos brutalmente y uno de ellos fue incinerado.
Aproximadamente a las 20:00 horas de esa noche, un grupo de residentes de Dayuma irrumpió en la Unidad Policial Comunitaria (UPC) del sector. La multitud, enfadada por los crímenes atribuidos a los sospechosos, procedió a sacar a los dos hombres de la unidad. Uno de los individuos fue golpeado violentamente hasta perder la vida y, después, quemado por los mismos ciudadanos. El otro hombre, también señalado por delitos de robo y extorsión, logró escapar durante el caos generado por el linchamiento.
El informe oficial de la Policía detalla que, aunque la intervención de las fuerzas del orden intentó controlar la situación, fue imposible evitar el linchamiento de los dos acusados, un acto que evidenció la falta de confianza de la comunidad en las autoridades locales. Las autoridades no han dado detalles sobre los motivos precisos que llevaron a la comunidad a tomar tal medida, pero los informes iniciales sugieren que la indignación pública había ido en aumento debido a una creciente ola de delitos en la región.
Este caso ha levantado controversia y alarma, generando debates sobre el papel de la justicia popular y la falta de acción por parte de las autoridades locales frente a la creciente criminalidad en algunas zonas rurales del país. El hecho también ha puesto en evidencia las tensiones sociales en áreas donde los residentes sienten que el sistema judicial no responde a sus demandas de seguridad.
El Ministerio del Interior ha condenado el linchamiento, subrayando que las acciones de justicia por mano propia no son una respuesta adecuada a los delitos. Las autoridades han instado a la ciudadanía a confiar en las instituciones del Estado para garantizar el orden y la legalidad.
Este trágico suceso pone de manifiesto la grave problemática de inseguridad que afecta a muchas regiones de Ecuador, especialmente en áreas rurales, donde la falta de presencia policial y la creciente percepción de impunidad contribuyen a la desesperación de los ciudadanos. Las autoridades han asegurado que investigarán el incidente y tomarán las medidas necesarias para evitar que situaciones similares ocurran nuevamente.
