Este martes 8 de octubre, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) llevó a cabo una audiencia sobre la denuncia presentada por la asambleísta Lucía Jaramillo contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acusándolo de violencia política de género. La audiencia, que concluyó a las 12:47, será seguida por un fallo que se espera en los próximos días.
Durante la diligencia, la defensa de Jaramillo presentó como evidencia publicaciones en X (anteriormente Twitter) en las que Álvarez se refiere a ella como una «niña vaga». Además, se revisaron los intercambios de acusaciones entre ambos en medios de comunicación nacionales.
Por su parte, la defensa de Álvarez argumentó que su cliente nunca ha negado lo dicho en sus publicaciones y rechazó la idea de que sus declaraciones deban ser sancionadas. La defensa también insistió en que las afirmaciones del alcalde se referían a un grupo más amplio y no exclusivamente a Jaramillo. La perita que analizó los mensajes de Álvarez fue cuestionada sobre si consideró el contexto cultural de Guayaquil, a lo que ella respondió que tal contexto no justifica la restricción de la voz de las mujeres en espacios públicos.
La denuncia de Jaramillo busca que se impongan sanciones a Álvarez por violencia política de género, una infracción electoral severamente penalizada en el Código de la Democracia, que puede conllevar multas de 21 a 70 salarios básicos, así como destitución o suspensión de derechos de participación de dos a cuatro años.
Durante la audiencia, se leyeron comentarios de Álvarez que causaron la denuncia, en los que criticaba a Jaramillo y a su bancada. Parte de sus declaraciones incluyeron: “Pobrecita esta niña y toda esa bancada. Fiscalicen lo de la barcaza de Karpower mejor… Dejen de vender humo… Los espero en fiscalía, confío en justicia objetiva. Sin miedo.”
El 19 de agosto, Jaramillo se dirigió al TCE para solicitar sanciones tras los comentarios de Álvarez, que datan del 16 de julio. Estas declaraciones se produjeron en el contexto de una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) contra Álvarez y su familia por comercio irregular de combustibles, en relación con su negocio de gasolineras, Copedesa.
En este entorno, Jaramillo también mencionó que cuatro entidades, incluida Copedesa, habrían vendido combustible irregularmente a Fuelcorp S. A., que a su vez habría suministrado a empresas con vehículos sin placas, además de un individuo que supuestamente registró más de 8,000 vehículos y adquirió más de 120,000 galones de diésel.
