TCE, bajo presión para resolver la posible infracción electoral de la Liga Azul
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se encuentra en cuenta regresiva para determinar si los miembros de la Liga Azul, entre ellos Sócrates Verduga, Betsy Yadira Saltos, Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor, cometieron una infracción electoral muy grave. La sentencia final debe ser tomada en segunda instancia dentro de un plazo de diez días hábiles. Este periodo comenzó el 9 de enero de 2025, después de que el juez Guillermo Ortega rechazara la recusación presentada por Párraga contra el juez Roosevelt Cedeño López.
La disputa se remonta al 3 de septiembre de 2024, cuando el juez Fernando Muñoz dictó la sentencia de primera instancia en la que determinó que la Liga Azul había violado la normativa electoral al realizar campaña política a favor del movimiento Revolución Ciudadana (RC), lo que está prohibido por el artículo 35 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Este artículo establece que ningún partido político, movimiento, organización social o funcionario público puede realizar actos de proselitismo para favorecer a los consejeros del CPCCS, considerándose esto una infracción electoral.
Los accionantes piden celeridad en el proceso
Los denunciantes de la causa, Santiago Becdach, Pamela Troya y Mónica Jaramillo, han solicitado al juez Guillermo Ortega que acelere el trámite y convoque de manera urgente al Tribunal encargado de emitir el proyecto de sentencia. En su solicitud, los accionantes remarcaron que, después de resolver las recusaciones, ya no existen más excusas legales para aplazar el caso.
Pamela Troya enfatizó que los intentos previos de la Liga Azul para posponer la resolución ya no tienen fundamento, dado que todas las opciones legales disponibles han sido agotadas. Por su parte, Mónica Jaramillo pidió que se realice un sorteo para seleccionar a los jueces y conjueces que resolverán la causa, exigiendo que el TCE actúe sin más dilaciones.
Eduardo Franco defiende su postura: no hubo infracción electoral
En un comunicado, Eduardo Franco Loor, uno de los implicados en la denuncia, insistió en que no cometió ninguna infracción electoral al tener una conversación con el expresidente Rafael Correa. Franco argumentó que Correa fue sentenciado injustamente y, debido a su inhabilitación política, no podría ser considerado como parte de una campaña de proselitismo político. Además, mencionó que no hubo ninguna contradicción legal, ya que el exmandatario no posee derechos políticos para influir en procesos electorales.
Franco también recordó que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes para los jueces nacionales, y refirió un caso de 2010, cuando un tribunal internacional dictaminó que un funcionario público no puede ser destituido sin una sentencia penal, lo que, según él, refuerza su postura de que no cometió ninguna infracción.
Una larga espera para la resolución final
El proceso ha atravesado varios retrasos. Tras la sentencia de primera instancia en septiembre de 2024, la Liga Azul apeló la decisión, lo que llevó el caso al juez Guillermo Ortega. Este, el 26 de septiembre, se excusó de conocer el caso, lo que fue desestimado por el pleno del TCE el 20 de diciembre. En esa misma fecha, la consejera Vielka Párraga presentó una recusación contra el juez Cedeño López, la cual fue rechazada el 9 de enero de 2025, permitiendo que el caso siga su curso. Los accionantes esperan que la sentencia final se emita sin más demoras, ya que han transcurrido 133 días desde la sentencia de primera instancia.
La sentencia de primera instancia y sus consecuencias
La sentencia inicial del 3 de septiembre de 2024, dictada por el juez Fernando Muñoz, declaró a la Liga Azul culpable de infracción electoral muy grave. Como consecuencia, se impuso una multa de 70 salarios básicos unificados y la suspensión de derechos políticos durante cuatro años, además de la remoción de los consejeros implicados de sus cargos. Esta sentencia fue apelada, y el caso pasó a manos de Guillermo Ortega para su resolución final.
Los miembros de la Liga Azul enfrentan un proceso judicial complejo, que podría cambiar el rumbo de sus cargos dentro del CPCCS, mientras el TCE se apura a tomar una decisión definitiva.
